MCYP: Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/ecuador-2020-plan-integral-de-contingencia-para-las-artes-y-la-cultura/?fbclid=IwAR0MGAqD6pS1c6yvERp5zmXljJbM2fvSNlttjZ4t5Cq6yXCoqcaDV1RT1yc

 

 

Ecuador 2020: Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura

La pandemia y el confinamiento han afectado de manera especial al sector artístico y cultural. Esto es cierto en todo el mundo y es particularmente cierto en el Ecuador, donde la gran mayoría de artistas y gestores culturales son trabajadores independientes, que tienen trabajos temporales sin acceso a seguridad social.

A nivel internacional, la UNESCO y varios organismos multilaterales vienen destacando la importancia de la cultura y de las artes en la pandemia y la necesidad de apoyar a los trabajadores culturales en esta difícil coyuntura. En el Ecuador acogemos esa preocupación y esa necesidad que hoy se vuelve crítica dada la prolongación de la crisis sanitaria a la que, por el momento, no se le ve final. Desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio se busca concretar este apoyo, en medio de las enormes dificultades económicas que atraviesa el país.

1. BONO HUMANITARIO PARA TRABAJADORES DE LA CULTURA VULNERABLES

Del presupuesto de ‘Arte Para Todos’ se reorientan USD 1’050.000 que se destinarán a la creación de un Bono Humanitario que beneficiará a más de 5.500 trabajadores del arte y la cultura por un período de 3 meses. Este Bono será de USD 60 por mes.

  • El Ministerio de Cultura y Patrimonio coordinará el registro de estos 5.500 trabajadores junto con asociaciones, agremiaciones y colectivos de artistas de toda índole, técnicos, personal de apoyo, etc.
  • Para ser parte de este registro es necesario cumplir con ciertos parámetros básicos que demuestren vulnerabilidad.
  • Las especificidades con respecto a los plazos y mecanismos de entrega del bono serán anunciadas oportunamente por la Presidencia de la República.

2. LÍNEA DE FOMENTO PARA LA EMERGENCIA

El Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través del Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividades (IFAIC) reorientará su planificación para crear nuevas líneas de fomento. La primera que lanzará de manera urgente será una de USD 1’000.000 para la creación de contenidos artísticos y culturales cuya circulación se hará a través de medios televisivos, radiales y digitales mediante la adjudicación a proyectos artísticos y culturales de danza, teatro, música, editoriales, circenses y demás ámbitos del fomento incluida la formación en artes. Uno de los objetivos fundamentales de esta línea de fomento es lograr generar ingresos para al menos 2.500 trabajadores de la cultura.

  • Las bases de esta convocatoria se publicarán el 11 de mayo de 2020.
  • Se financiarán proyectos de toda índole, incluyendo presentaciones artísticas, financiamiento para la creación, talleres y otras formas de programación educativa.
  • Todos los proyectos deberán observar las disposiciones sanitarias de distanciamiento social estipuladas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.
  • Las presentaciones artísticas que requieran presentarse en un escenario deberán hacerlo sin público, en espacios culturales cuyos costos estarán incluidos en el proyecto.
  • Los proyectos incluirán los costos de participación para artistas, técnicos, personal de apoyo y espacios culturales, y estarán determinados por una tabla a la que deberán regirse para garantizar que la mayor cantidad de trabajadores de la cultura obtengan una remuneración por su trabajo.
  • La convocatoria será amplia y el criterio fundamental para la aprobación de recursos será la calidad artística y técnica de la propuesta.
  • El proceso de selección será sencillo y estará a cargo de un comité curatorial especializado en cada uno de los ámbitos del fomento.
  • El Ministerio de Cultura y Patrimonio difundirá los contenidos que se generen a partir de esta línea a través de plataformas especializadas.

3. CRÉDITOS PARA TRABAJADORES DE LA CULTURA

Siguen vigentes y disponibles los créditos para proyectos artísticos y culturales a través de BanEcuador y su producto Impulso Cultura que brinda préstamos para artistas y gestores culturales en condiciones diseñadas específicamente para este sector.

  • La condición para acceder a este producto es pertenecer al Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC).
  • Préstamos de hasta USD 10.000 son aprobados sin garantías reales de acuerdo a los criterios de BanEcuador.
  • El plazo está determinado por el tipo de proyecto que se busca financiar, siendo el máximo de 120 meses (10 años).
  • Para personas naturales el monto máximo es de USD 20.000. Para personas jurídicas de hasta USD 500.000.

4. GENERACIÓN DE CONTENIDOS ONLINE PARA LA CIUDADANIA

El Ministerio de Cultura y Patrimonio pone a disposición pública una amplia oferta de contenidos artísticos, culturales y educativos a través de sus plataformas web.

  • #SitiosCulturales es una plataforma digital que reúne contenidos y sitios web de diferentes expresiones culturales de interés, en línea y de descarga gratuita. Más de 20 categorías relacionadas con el arte y la cultura del país, de la región y del mundo, gracias al esfuerzo interinstitucional entre organismos culturales públicos y privados, en beneficio de la ciudadanía.
  • Cursos y formación en línea gratuitos.

 1. REDEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS DE FOMENTO

Es necesario diseñar mecanismos de fomento para el sector cultural que estén sintonizados con la realidad, es decir, que sean flexibles, permitan alcanzar el mayor impacto en cuanto a actores vinculados y generen esquemas de sostenibilidad a mediano plazo. El MCYP reorientará líneas específicas de fomento a través de los institutos que manejan fondos de fomento (Instituto de Fomento de las Artes, Innovaciones y Creatividades; Instituto de Cine y Creación Audiovisual; e Instituto Nacional de Patrimonio Cultural), las cuales serán lanzadas entre mayo y junio de 2020. En el contexto actual es necesario ampliar el potencial multiplicador del trabajo en red del sector cultural y creativo, así como incorporar diversos usos de las nuevas tecnologías.

Es importante recordar que existen incentivos tributarios en la recientemente aprobada Ley de Simplicidad Tributaria, los cuales esperan un reglamento para poder ser aplicados bajo la forma de patrocinio para eventos artísticos y culturales.

2. REPLANTEAMIENTO DE LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES

Es necesario reconfigurar los servicios artísticos y culturales, reestableciendo las relaciones con los usuarios, las audiencias, la infraestructura, la exhibición, la distribución y la comercialización. En este sentido, el MCYP replanteará el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, los servicios que se brindan en la Biblioteca Nacional, museos, archivos, entre otros.

 3. GENERACIÓN DE PROTOCOLOS, REGLAMENTOS Y NORMATIVAS

Dadas las actuales condiciones de emergencia y las restricciones con respecto al distanciamiento social, el Ministerio de Cultura y Patrimonio asume su rol como  generador de protocolos, reglamentos y normativas acordes con las realidades del sector cultural. Para esto, trabajará de manera inter-institucional la incorporación del arte y la cultura dentro de las disposiciones sanitarias.

 4. ACUERDOS PARA LA CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES LOCALES Y NACIONALES

El Ministerio de Cultura y Patrimonio promoverá acciones necesarias para construir acuerdos con entidades del sistema nacional de cultura así como con otras instancias vinculadas al sector del arte y la cultura para privilegiar el consumo de servicios y bienes artísticos y culturales nacionales y locales.

Infografía que sintetiza la propuesta del MCYP para apoyar al sector cultural y creativo del país en el contexto de la emergencia mundial .

Cultura y Covid (Otros países)

 

 

https://elcomercio.pe/eldominical/los-artistas-quieren-saber-hoy-de-que-manera-pueden-seguir-trabajando-cultura-propiedad-intelectual-crisis-coronavirus-aislamiento-noticia/?fbclid=IwAR2gCqaxcPJwFHv0bAk5GnS2tZBlX1nfpIjnShJwpMFWXAbk-XjvJGz7rzk

 

https://www.diariodemallorca.es/cultura/2020/04/19/momento-organizarse/1503501.html?fbclid=IwAR0d9fLUoKqOuxOdkJY40sZhn1DZHks9BB5vQ6wo80flVGN_0o3Nap-Ns3E

 

https://elpais.com/sociedad/2020-04-18/necesitamos-pensar-para-saber-que-estamos-sobreviviendo.html

 

[Hackear la Pandemia v 1.1] Estrategias Narrativas en Tiempos del COVID-19

 

https://elpais.com/cultura/2020/04/13/babelia/1586794615_903378.html

 

Parábola del pan

 

Recursos para gestores culturales

 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/cooperacion/cooperacion-ccaa/recursos-para-gestores-culturales.html

 

 

 

 

 

La cultura en la emergencia Covid (2)

No volvamos a la normalidad. Por Juan Martín Cueva

 

No volvamos a la normalidad. Por Juan Martín Cueva

En el Día Mundial del Arte, 15 de abril, el presidente Lenín Moreno junto al ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, anunciaron la creación de un plan de contingencia para apoyar a los trabajadores del arte y la cultura. Foto: cortesía de Cristina Marchán en Adentro-afuera, ejercicios de improvisación en el confinamiento.

Ni el gobierno, ni los trabajadores de las artes y la cultura, ni la academia: nadie pudo haber previsto lo que está pasando. Ni Ecuador ni ningún país del mundo contaban con una estrategia o manual para enfrentar una situación tan abrupta en su llegada, tan incierta en su duración y con una incidencia tan grande en nuestras condiciones de vida. Pero la afectación de la pandemia en el sector cultural depende de su situación previa y en nuestro país esa afectación es muy profunda, devastadora.

Frente a esa devastación, el Ministerio de Cultura decide plantear un plan de contingencia. Ante su solo anuncio se incendian las redes, se adjetiva y descalifica, se predice el apocalipsis… La alharaca y la virulencia no ayudan mucho, a menudo son el contrario de la contundencia y el posicionamiento sustentado y radical. El griterio y el tumulto no tienen más consecuencias que una tormenta en un vaso de agua.

No es el momento de bajar los brazos y hacer en una especie de tregua humanitaria. No, en el confinamiento debemos agudizar nuestro sentido político, estar más vigilantes, evitar la ingenuidad. No hay que renunciar a la política, hay que recargarla, volverla más potente y estratégica.

Es lógico que un plan pensado desde la institución rectora de las políticas públicas para las artes, el patrimonio y la cultura apunte a lograr un retorno a la normalidad. Pero ese no tiene porqué ser el objetivo de los trabajores de las artes y la cultura. Hace seis meses, cuando parecía llegar a su fin la gran ola de movilizaciones populares en Chile, surgió esa consigna maravillosa que plantea no volver a una normalidad que era, justamente, el problema. Tras las grandes convulsiones, lo que hasta entonces parecía mera utopía se convierte en una posibilidad real. Pero la nueva realidad no será un regalo que nos deje la pandemia, no caerá como la lluvia del cielo. Hay que pensarla, hay que pelearla, hay que construirla.

En la primera fase de ese plan de contingencia (enfrentar la emergencia) lo que debería hacer la sociedad civil, y que en alguna medida se está haciendo, es que colectivos de artistas, asociaciones gremiales, agrupaciones de toda índole se organicen para apoyar a los más vulnerables, a los que peor la están pasando. Para las fases siguientes (reactivación y sostenimiento) nuestra voz, experiencia y participación son fundamentales. Un ministro, un secretario o director de Cultura, quien encabeza un instituto o un núcleo de la Casa de la Cultura de Ecuatoriana (CCE), son funcionarios públicos que deben responder ante la ciudadanía. Ninguno de ellos puede ignorar lo que en el sector se discuta o lo que desde el sector se plantee.

“No volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema” fue la frase que se alzó durante las protestas sociales del año anterior en Chile. Foto: cortesía

Si interpelamos a la autoridad por lo que hace o deja de hacer, significa que la reconocemos. Asumamos eso: gran parte de lo que suceda con la cultura depende de la expedición de una política, de la modificación de una normativa o reglamento, de la vigencia de una ordenanza, de lo que suceda en la institucionalidad y en la legalidad. Podemos pretender que lo que sucede a ese nivel no nos importa ni nos concierne… pero eso es adherir a una posición radicalmente individualista y, en el fondo, neoliberal en extremo. Yo me valgo por mí mismo, no dependo del Estado, no me importan las leyes ni las instituciones, seguiré haciendo lo que siempre he hecho, contra viento y marea, encerrado en mi mundo. Eso es posible… pero lo es para algunos, para pocos. Para la inmensa mayoría de quienes viven de las artes y la cultura, la política es determinante y su derecho ¿su deber? es interesarse en ella, participar, aportar, criticar. En estas circunstancias eso vale más que nunca. Confinados sí, aislados no.

Esta emergencia ha evidenciado algunas realidades que conocíamos parcialmente, pero que ahora salen a la luz con mucha claridad: una institucionalidad débil y una situación del sector cultural en gran medida informal, inestable y precarizado. Esas dos cosas combinadas hacen que a la hora de enfrentar situaciones extraordinarias, todo parece desmoronarse. Nuestro “Sistema Nacional de Cultura”, que consta incluso en la Ley vigente desde hace más de tres años, es todavía un edificio en construcción, una obra gris. No se han terminado de reglamentar y normar todos los ámbitos que supone una legislación que busca ordenar todo el campo de las artes, el patrimonio y la cultura.

Esta circunstancia extrema también nos ha mostrado lo poco que han avanzado los gobiernos locales en la tarea de asumir sus competencias en lo cultural. De dichas instancias ha faltado reflexión, diseño de políticas y gestión, por ejemplo en lo que atañe al espacio público pensado como detonante del desarrollo cultural y garantía del ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía.

No creo que la gente de las artes y la cultura sea especialmente egocéntrica y encerrada en sus certezas, al contrario, pienso que abundan sensibilidades dadas al diálogo, a la escucha, a la observación”.

Tampoco se ha completado un levantamiento de datos estadísticos que nos permita tener un diagnóstico sustentado, por ello cada uno de nosotros da por cierto su propio diagnóstico personal de la situación. Diagnósticos que son lecturas de la realidad sacadas de la experiencia individual o colectiva, de la lucha cuerpo a cuerpo contra, con o desde ciertas instancias de la burocracia cultural, de percepciones individuales que se deberían confrontar con otras posturas y poner en discusión sin que corra sangre. Seguimos discutiendo con argumentos parciales y sesgados, sin una base común de información validada que garantice que no estamos teniendo un diálogo de sordos.

Ahora es cuando más hace falta conversar con apertura y generosidad; justo ahora, cuando no nos podemos sentar frente a frente, con un café o una cerveza, y mirarnos a los ojos sin pantallas de por medio, ahora que todos estamos encerrados, estresados y crispados. Aunque sea muy difícil en este torbellino de malas noticias, de apocalipsis cotidianas, de no-podemos-caer-más bajo y de solo-falta-que-pase-tal-cosa, es importante tratar de mantener la cabeza fría y que no se cancelen los canales democráticos de resolución de los conflictos.

No creo que la gente de las artes y la cultura sea especialmente egocéntrica y encerrada en sus certezas, al contrario, pienso que abundan sensibilidades dadas al diálogo, a la escucha, a la observación. No es tan difícil darse cuenta que el otro está atravesando por los mismos padecimientos, algunos en mejores entornos, muchos en peores condiciones. Aunque no esté de acuerdo con él o no coincida con sus estrategias para enfrentar este momento, no necesito acanallar al que libera los derechos de su película, al que logra avanzar un trabajo creativo en su casa, al que canta por la ventana o baila en el balcón, ni al que se desespera y clama por una ayuda concreta, por una canasta básica, por un fondo de emergencia o al que postea anuncios apocalípticos de la mañana a la noche…

Hay que aprovechar esta oportunidad, como sector, para repensar (sí, repensar una vez más, fatalidad-sino-cruel) nuestra creación, nuestro trabajo, los derechos culturales del ciudadano, la relación de nuestras obras con el público, con el Estado, con el mercado, el marco legal y normativo, el fomento, las industrias y los procesos de creación difíciles de aprehender o imposibles de formatear. Es el momento de ser radicalmente críticos y autocríticos.

La implosión de la normalidad vigente (que siempre dijimos que tenía mil falencias y repetimos mil veces que había que cambiar radicalmente) nos da ahora el chance de plantear otra normalidad posible. No todo es confiar en la economía-naranja-industrias-creativas-emprendimiento, pero tampoco todo es amuralarse en la-casa-de-la-cultura-benjamín-carrión, ni todo se resuelve encerrándose en mi-proceso-creativo-inexplicable-porque-me-sale-de-muy-adentro.

Quizás tengamos razón los que, optimistas, pensamos que este puede ser el fin del capitalismo. Talvez acierten los pesimistas que creen que se establecerá algo aun peor que este presente, un feudalismo digital en el que cada grupo se meta en la ceguera de unas identidades encerradas sobre sí mismas. No lo sabemos. Dejemos que la historia y la naturaleza hagan lo suyo y concentrémonos en lo que podría cambiar realmente nuestro ámbito específico.

Podemos dejar que las cosas se resuelvan (porque se van a resolver, el mundo no se va a acabar) y vuelva a instalarse la misma normalidad de antes. Pero también podemos negarnos a esa salida conservadora y mediocre. En otros momentos históricos estaríamos hablando de activar las células, los frentes barriales, los comités de empresa, ahora las palabras son otras, porque la realidad es otra, pero el espíritu es el mismo: es importantísimo animar los espacios de discusión y organización, los grupos, los chats y los zooms, las plataformas; cada esquina virtual donde nos podamos encontrar y estar con el otro en una conversación en la que más que hablar, escuchemos. Somos parte de esa normalidad que queremos dejar atrás y solo haciendo el trabajo de cambiarnos podremos cambiar el mundo.

 

 

 

 

 

 

Desectorizarnos: El desafío para imaginar otras políticas culturales

 

Desectorizarnos: El desafío para imaginar otras políticas culturales

Paola de la Vega Velasteguí
Universidad Andina Simón Bolívar

La crisis actual, perceptible en su crueldad y desigualdad estructural más honda en la pandemia del Covid19, ha dejado ver la compleja y difícil situación por la que atraviesan diversos trabajadores culturales del país. La falta de condiciones materiales de vida y de seguridad social, hoy más que nunca es evidente. Sin embargo, el problema de la cultura en Ecuador no estalla con la cuarentena y la paralización económica de espacios y actividades, sino que carga en sus espaldas permanentemente, y desde hace mucho tiempo, con una mochila plagada de debilidad institucional, egos intelectuales y proyectos personalistas, la herencia de una república de familias, clientelismo, silencio por agotamiento, precariedad y autoexplotación, acomodo y la marcada incomprensión de la clase política dirigente del país sobre los sentidos sociales que constituimos desde la cultura no como “sector” sino como colectividad. El sueño naranja, el PIB, el show y el espectáculo electoreros, la mirada asistencial y, en tiempos de crisis, el arte como instrumento de unidad y acuerdo nacionalistas, son el lenguaje legítimo de interlocución sectorial con los gobiernos de turno cuando hablamos de Cultura.

En este panorama, entre las preocupaciones que me afectan actualmente como investigadora, docente y gestora cultural, están dos: la una hace referencia al potencial político que tiene la cultura para pensarnos en colectivo y provocar transformaciones en proyectos de presente y futuro; y la otra tiene que ver con el trabajo cultural en escenarios aún imprevisibles. Comenzaré por esta última.

Decenas de jóvenes tienen acceso a una educación en artes y gestión cultural en universidades públicas o privadas del país o incluso fuera de él. Cumplir con el ideal de profesionalización sectorizada no ha implicado a la par garantías estatales relacionadas al derecho al trabajo, a poder vivir dignamente de estos oficios como se podría vivir de otros. La informalidad, la intermitencia laboral, el pluriempleo, la incomprensión técnica gubernamental de los modos de producir y accionar la cultura, entre otros, hoy salen a la luz con clamores y demandas de ayuda pública de los actores culturales vulnerados por la crisis del Covid19. Solo un grupo de “entendidos” parece tener empatía con esta angustia. Infinidad de oferta cultural de libre acceso, educa, acompaña, entretiene y reanima en el encierro y el aislamiento: en Ecuador, ese parecería ser el consenso agradecido. Sin embargo, los oídos de buena parte de la ciudadanía se cierran cuando ponemos a debate público cuánto cuesta “la cultura”, quién la paga, la dura realidad del trabajo cultural y la cadena involucrada de profesionales, servicios y actividades, muchas de ellas no remuneradas. Se ignora que los objetos y productos culturales de los que disponemos, en buena parte, suceden gracias a “el entusiasmo” de sus hacedores (Zafra, 2017). Aludiendo al personaje-metáfora (Sibila) del ensayo de la mencionada autora andaluza, comentaron alguna vez mis estudiantes: “Somos el club de las Sibilas”. Somos nosotras, nuestros cuerpos, nuestro tiempo, nuestros recursos, los que verdaderamente sostienen y subsidian la cultura.

Tras estas reflexiones queda claro que en nuestro contexto existe la necesidad de una pedagogía social sobre el trabajo cultural como materialidad y pensamiento crítico y no como resultado de una elevación iluminada con características de excepcionalidad o peor aún su representación como una labor complaciente al servicio del poder. Asimismo, y más allá de esta pedagogía, habrá que preguntarnos  si cuando todo esto pase queremos volver a esta normalidad “entusiasta” ¿Queremos vivir como Sibilas?

En la precariedad hiperconectada, los entornos digitales y la promoción de consumos y servicios por este medio se volvieron dominantes para sostener parte de la cadena productiva del arte y la cultura; para un grupo de artistas y gestores es una estrategia autónoma inmediatista, base para la supervivencia material del presente. Si bien esto ayuda a cubrir necesidades básicas hoy, caeríamos -creo- en un error si dejáramos morir nuestras posibilidades imaginativas en esta boya salvavidas que vuelve a pensar en ciudadanías que participan en lo cultural solo a través de los consumos. Las prácticas artístico-culturales contemporáneas se constituyen de saberes transdisciplinares, experimentales, nómadas, colectivos, muchas veces inclasificables, que huyen de las etiquetas. Su transversalidad y su posibilidad de inserción en distintas esferas vitales, guardan la potencia política para los días que estamos afrontando y que vamos a afrontar. Apostar por esta transversalidad ampliaría la comprensión social de la cultura y el arte en su capacidad cuestionadora e imaginativa para la invención de otros modos de vida, y a su vez activaría articulaciones permanentes a otras problemáticas y demandas que nos afectan en común y que, como diría Victor Vich (2014), son aparentemente “no culturales” (soberanía alimentaria, movilidad, extractivismo, patriarcado, economía…). Desectorizar el trabajo cultural y ampliar socialmente las posibilidades de implicación de la creatividad es uno de nuestros retos. Reconozcamos: los problemas de la cultura se quedan en las organizaciones artísticas, en las aulas universitarias especializadas y en los diálogos sectoriales con las instituciones de gobierno. El covid19 ha resaltado también la urgencia de una pedagogía social y una discusión colectiva del lugar que ocupa la cultura fuera del entretenimiento, los límites tecnocráticos y las discusiones endogámicas.

Una política cultural -dice Marina Garcés (s/f)- puede apuntar hacia la necesidad de “desapropiar la cultura” para hacer posible otra experiencia del nosotros. Es decir, desesferizar la cultura, desectorizarla para trabajar con su potencial político y colectivo. La cultura no es asunto exclusivo de profesionales; los debates sobre ciudadanía cultural han profundizado con vasta literatura en estas discusiones. La cultura es una disputa política. El neoliberalismo es una configuración cultural hegemónica que excede  un tipo de gobierno o de política económica (Grimson, 2007). Lejos de lo que se suele pensar, a la derecha le importa mucho la cultura; porque precisamente esa hegemonía que nos habita, incluso sin que nos demos cuenta, determina nuestros comportamientos individuales y colectivos y hace que veamos un sistema económico-social y un modo de gestionar y entender la vida como “la normalidad”.

La pandemia abre un espacio para las ideas, para detenernos a pensar de modo situado en la posibilidad de restituir e instituir experiencias localizadas, de proximidad, barriales, comunitarias, que hoy van adquiriendo nuevos sentidos con la crisis del Covid19: cambio de consumos, políticas vecinales, volver a caminar, a usar bicicleta, reivindicar saberes domésticos y cotidianos, etc. Surge, entonces, la necesidad de pensar en espacios culturales pedagógicos, ampliamente participativos, donde realmente desaprender sea un norte político, y donde podamos deshacer nuestras certezas culturales. En los gobiernos de las ciudades creo que es un momento valioso para construir marcos de política que permitan redireccionar los recursos públicos de la cultura del espectáculo y el show electorero (que tendrán, al parecer, un prolongado receso) a estas experiencias de base comunitaria, de prácticas artísticas-culturales que, en tiempos de colapso dado por las contradicciones mismas del capitalismo, ha diseñado infinidad de iniciativas de recuperación de lo público.

Una política dirigida a estos efectos requiere del desarrollo de instrumentos técnicos capaces de trabajar con datos situados sobre los modos de producción de espacios culturales, de colectivos, de organizaciones, de emprendimientos, de experiencias barriales. El Estado no debería preocuparse solo por lo que puede contabilizar a través de datos tributarios, documentos de constituciones legales de organizaciones formalizadas, es decir, lo que tiene categorizado en su radar, y olvidar otras prácticas que difícilmente tienen representación “sectorizada” en el lobby político. Su preocupación fundamental está en aquello que no puede ver, ahí es donde ocurren las dinámicas experimentales, populares, vivas y comunitarias, las que permiten construir otros proyectos de sociedad. Esos puentes hoy se dibujan ausentes.

La ayuda estatal anunciada por el gobierno es necesaria para mitigar unas necesidades “sectoriales” agudizadas por esta crisis pandémica; sin embargo, ese no debería ser el marco de pensamiento para un proyecto político de cultura. La solución técnica con facilidad diluye luchas colectivas. El fondo concursable para la contingencia tampoco debería dejarnos satisfechos y silentes. Bien sabemos que en un país rentista, con los precios del petróleo por el suelo, el Presupuesto Nacional del Estado no dará prioridad a la Cultura. También sabemos que el crédito y la deuda, que aparentemente pueden dinamizar “el sector” a futuro, nos condenan a vivir como Sibilas. Las medidas de incentivo fiscal, de estatuto filantrópico, suelen tener ciertos usos económicos y políticos y beneficiar a espacios y prácticas culturales que no incluyen aquellas más emergentes y experimentales, donde la cultura se organiza de modo transversal y colectivo, incluso a veces “improductivo”. Fuera de  los límites que nos ha impuesto la lógica sectorial, la crisis del Covid19 nos abre ventanas para imaginar otros proyectos de vida donde la cultura se entrecruce con otras disputas sociales por lo público, lo comunitario, otra experiencia del nosotros.


Textos citados

Garcés, Marina. “Abrir los posibles. Los desafíos de una política cultural hoy”, s/f. En: http://www.espaienblanc.net/marina/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/ABRIR-LOS-POSIBLES_MarinaGarces.pdf

Grimson, Alejandro (comp.). Cultura y neoliberalismo. Buenos Aires: CLACSO, 2007.

Vich, Víctor. Desculturizar la cultura. La gestión cultural como acción política. Buenos Aires: Siglo XXI, 2014.

Zafra, Remedios. El Entusiasmo. Barcelona: Anagrama, 2017.

Cultura durante emergencia COVID

Aso Nacional De Artes Escénicas

Camino a un Acuerdo Nacional por el Arte y la Cultura
(Actualización de firmas 23/04)

CARTA ABIERTA

Para: AUTORIDADES DE CULTURA DEL ECUADOR EN TODOS SUS ESTAMENTOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL.

INFORMAMOS

Ante la situación mundial de emergencia sanitaria, por causa del COVID-19; y las medidas de seguridad y prevención tomadas por las diferentes autoridades del país, con el fin de precautelar la salud de la población:
Quienes pertenecemos al sector artístico y cultural, nos solidarizamos con toda la población que en este momento sufre esta grave crisis; así como también queremos expresar nuestro dolor por las miles de vidas que se han perdido en nuestro país. Hacemos votos, para que nos podamos juntar y derrotar este mal, cumpliendo las recomendaciones generadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Queremos comunicar a la población de nuestro país que, asociaciones y organizaciones artístico – culturales a nivel nacional, nos reunimos de manera virtual los días 05 y 21 de abril del año en curso, sumando voluntades para consolidar un frente común del sector cultural que vele por los derechos de todos como trabajadores y trabajadoras de la Cultura.
Analizamos la problemática histórica que ha rodeado nuestro quehacer, permanentemente relegado de las agendas públicas debido al desconocimiento del rol estratégico que juegan la cultura y las artes en el desarrollo de sociedades creativas, tolerantes, diversas, permeables a los cambios y capaces de generar soluciones innovadoras a los retos que plantea la instauración de sistemas de desarrollo sostenible para la humanidad.
En ese sentido las artes y la cultura deben entenderse mucho menos como actividades de entretenimiento y ubicarse junto a la educación, y al mismo nivel de ésta, como bienes públicos irrenunciables e inalienables que deben fomentarse, protegerse y fortalecerse dado su reconocimiento como un derecho humano universal y como ejes del desarrollo integral de los seres humanos.
La crisis sanitaria actual ha venido a visibilizar las debilidades estructurales de un sector sometido -desde las políticas públicas- a un ejercicio profesional con escaso reconocimiento, al desarrollo de relaciones laborales precarias, a sistemas de autoexplotación y ausencia de cualquier tipo de derecho o seguridad para el despliegue de una actividad cuyas condiciones actuales han revelado la enorme fragilidad de un amplio sector de la sociedad.
Exigimos ser reconocidos como trabajadores autónomos y en esa medida, nos alineamos con las recomendaciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que ha demostrado la importancia de generar mecanismos de protección social que soporten el empleo y que declara que todos los trabajadores, independientemente de su condición laboral deben recibir ayuda para garantizar sus ingresos en crisis como esta y solicita a los países garantizar un nivel básico de seguridad social para todos y todas
En esta coyuntura, más que nunca, se hace imperativo el establecimiento de políticas públicas que permitan el desarrollo de procesos creativos, protección del patrimonio material e inmaterial, la expresión de las diversidades y los procesos de cultura viva comunitaria, garanticen los derechos consagrados en la Ley Orgánica de Cultura y fortalezcan los sistemas públicos como mecanismos que generen condiciones de vida digna, empleo y posibilidades de desarrollo equitativo para todos los sectores de la población.
Por esto, nosotros los abajo firmantes, proponemos a las autoridades del país, en todos sus estamentos; las siguientes medidas que se dividen en urgentes y a mediano plazo:
Medidas de carácter urgente
● Declarar al sector artístico – cultural en emergencia y como sector prioritario para la contención de la crisis, dada su demostrada capacidad para restablecer el tejido social, su influencia en el equilibrio emocional y mental en una sociedad en crisis, además de su papel en la generación de procesos de participación para el fortalecimiento de la identidad y el restablecimiento de los bienes simbólicos del país.
● Solicitamos al Consejo de Protección de Derechos categorizar a los trabajadores de la cultura popular, como población vulnerable a fin de poder agilizar los apoyos para esta parte de la población (Artesanos, oficios populares, artistas callejeros y gestores comunitarios), ya que en su mayoría son trabajadores autónomos que subsisten el día con una ganancia por debajo del sueldo básico.
● Implementar medidas que mitiguen los impactos inmediatos de la crisis en un sector vulnerable por sus condiciones de trabajo y la naturaleza propia de los bienes y servicios que genera, desde el reconocimiento de su condición de trabajadores y trabajadoras autónomos sujetos de derechos y protección social.
● Implementar mecanismos permanentes de diálogo entre representantes del sector artístico – cultural y las principales autoridades culturales del país; Ministerio de Cultura como ente rector, las instancias del Sistema Nacional de Cultura: IFAIC, ICCA, INPC, Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales; así como también, GADs provinciales y cantonales. Este diálogo también se contemplará con otras entidades públicas como el Ministerio de Educación, MIES, IESS.
● Gestionar de manera inter-institucional, en conjunto con asociaciones y gremios artísticos- culturales, la dotación de canastas de alimentos a los artistas e insumos básicos para trabajadores de la cultura que requieran de este apoyo.
● Pago inmediato de las deudas que mantienen las instituciones del Sistema Nacional de Cultura con colectivos, artistas y gestores culturales: ganadores de fondos concursables del IFAIC impagos, artistas y colectivos contratados por Fábrica Imbabura impagos, artistas y colectivos contratados para programación del Teatro Benjamín Carrión impagos, además de todas las que existan en otras instituciones del mismo sistema , en un plazo máximo de 21 días.
● Implementación de las siguientes propuestas de política pública para el sostenimiento del sector:
– El no cobro de cuotas e intereses por parte de instituciones bancarias de préstamos realizados a artistas y gestores culturales por un tiempo determinado.

– Préstamos emergentes, desde el Banco del Estado-Fondo Nacional de Cultura, para reactivación productiva de artistas y gestores culturales; con intereses accesibles y con un tiempo de gracia para la cancelación de las cuotas.
– Las actuales circunstancias no nos permiten desarrollar nuestras actividades ni generar recursos económicos para nuestros hogares por lo que la cancelación del préstamo se realizará con nuestro trabajo, después que la emergencia sanitaria permita la circulación y difusión de bienes y servicios culturales.
● Destinar fondos desde el Ministerio de Cultura para la compra de funciones por adelantado y la subvención para proyectos de investigación y creación de procesos artísticos realizados por colectivos escénicos, artistas independientes y gestores culturales que no estén limitados por su registro en el RUAC o como miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
● Activación del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio (RIEFACP), como mecanismo para fortalecer la inclusión de profesionales en artes en el régimen educativo y la creación de contenidos y productos que apoyen el proceso académico desarrollado en las plataformas de educación virtual del Ministerio de Educación para el ciclo sierra, costa y amazonía, así como para la producción de contenidos educativos para tele-educación por señal abierta de radio y televisión, fomentando programas y proyectos con artistas y gestores culturales.
● Gestionar y divulgar desde los medios públicos campañas de sensibilización sobre la importancia del arte y la cultura en la sociedad, visibilizando el trabajo que realizan los artistas y gestores culturales dentro de las cadenas de valor para generar productos y servicios artísticos. Esta iniciativa será generada desde las organizaciones, asociaciones, gremios y colectivos artísticos.
● Realización de Fondos de Fomento Concursables, dándole énfasis en la entrega de fondos a artistas y trabajadores de la cultura, cuya única fuente de ingreso es el quehacer artístico- cultural, cumpliendo con el principio de descentralización; es decir considerar su acceso desde los distintos cantones y provincias del país a través del diálogo con los GADS y la Casa de la Cultura. También considerar la proporcionalidad del valor asignado y el número de beneficiarios.
● Implementar dentro de los Fondos de Fomento Concursables un línea destinada a investigación, creación y formación en plataformas digitales así como al pago por difusión y circulación de contenidos ya generados por artistas independientes en plataformas web.
● Solicitamos la prohibición de la participación en Fondos de Fomento Concursables a fundaciones o instituciones de carácter público, o aquellas de figura privada que reciban fondos públicos de forma sostenida para su funcionamiento. Estos fondos deben ser prioritarios para la activación económica de trabajadores y trabajadoras autónomas del sector.
● Exoneración de pagos como: patente municipal, impuesto predial, servicios de agua y luz para espacios culturales independientes que se encuentran cerrados y espacios culturales arrendados, itinerantes y en construcción.
● Exoneración de pago de patente municipal con carácter retroactivo a artistas independientes así como una Luae diferenciada para el ejercicio de actividades artístico-culturales y de espacios culturales.
● Exoneración de pago de regalías a carpas de circo por el uso de suelo.
Medidas a mediano plazo
● Eliminar las restricciones de contratación relacionados a bienes y servicios artísticos y culturales señalados en la circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, emitido el 16 de abril de 2020 por el Ministerio de Economía y Finanzas, que deben ser aplicadas por el sector público, abarcando dependencias y organismos de la función estatal y a entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.

● Reinvertir los recursos de cultura de los GADs a nivel nacional; que los presupuestos se orienten a la contratación directa (sin productoras), de artistas y trabajadores de la cultura locales y nacionales o de extranjeros residentes en el país.
● Reactivación de espacios culturales independientes y comunitarios; así como proyectos artísticos -culturales y educativos de vinculación comunitaria; convocando directamente a los artistas, gestores y trabajadores independientes de la cultura, incrementando líneas de apoyo a espacios culturales y la implementación de la Red de Espacios Escénicos y la Red de Gestión Cultural Comunitaria y otras especificadas en la Ley Orgánica de Cultura.
● Realización de eventos con aforo limitado, con la finalidad que esos recursos vayan dirigidos a la reactivación de los artistas locales y gestores de nuestro país, con las condiciones propicias de sanidad (campañas de comunicación, desinfección de espacios, dotación de protocolos de sanidad e implementos) para que los espectáculos artísticos-culturales se reactiven a la brevedad posible, generando un ambiente de confianza para la participación de los públicos.
● Aprobación de la SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA para las empresas que inviertan en arte y cultura, prioritariamente y por encima de la inversión en la industria del entretenimiento y autoinversiones en fundaciones y eventos propios, con mecanismos diferenciados para el sector independiente y comunitario.
● Crear mecanismos de transparencia/auditoría y veeduría de los fondos de Cultura de los GADS, CCE, IFAIC, ICCA, INPC, Arte para todos, Festival de Loja, Feria del Libro y los realizados desde el Sistema Nacional de Cultura, transparentando su presupuesto, mecanismos de redistribución y recortes/modificaciones que hayan sufrido.
● Una vez finalizada la emergencia, eliminar la prohibición de presentaciones artísticas remuneradas en escuelas y colegios del país por parte del Ministerio de Educación y activar un plan para la inclusión de programas de Educación Artística en escuelas y colegios que incluya a todas las áreas artísticas y de la gestión cultural.
● Diseño de un plan de apoyo a artistas, técnicos, vestuaristas, escenógrafos y demás trabajadores que integran la cadena de valor de productos artísticos, con los fondos destinados a la realización del Festival de Artes Vivas de Loja y Ferias del Libro.
● Acceso a seguridad social para artistas y gestores culturales (tomando como ejemplo el seguro social campesino).
● Creación de un observatorio de prácticas de gestión cultural, para establecer indicadores de análisis que sirvan para desarrollar: planes, programas y articulación de políticas públicas a futuro.
Sin nada más que informar, pedimos muy comedidamente nos ayuden con la difusión de esta carta abierta en favor del sector artístico – cultural del país. De la misma manera, invitamos a compañeras y compañeros, artistas independientes o agremiados; que se sumen a nuestra lucha por el bien de todos y todas. Juntos defenderemos el Arte y la Cultura.
Nos despedimos muy agradecidas y agradecidos ATENTAMENTE
REUNIÓN NACIONAL POR EL ARTE Y LA CULTURA
Abril de 2020

SUSCRIBEN:
ORGANIZACIONES
SUSCRIBEN:

ORGANIZACIONES

– Asociación de Teatreros Casa del Teatro

-Asociación de Artes Circenses de la Provincia del Guayas (ACIPROG)

-Asociacion De Payasos De La Provincia Del Guayas (APAG)

-Sindicato Nacional de Músicos “Guayaquil”

-Federación de Trabajadores Autónomos del Arte y la Cultura (FENATAAC)

-Federación Nacional de Artistas (Guayaquil)

-Asociación de Danzas Folklorica (Guayaquil)

-Observatorio de Artistas de Guayaquil

– Red de Cultura Independiente – Carchi Quinde de Barro

-Red de Artistas del Movimiento RAM (Quito)

-Red de Espacios Escénicos (Quito)

-Movimiento de Titiriteros del Ecuador MOTE

-Asoescena (Quito)

-Asociación Nacional de Artes Escénicas ANAE

-Asociación de Artistas Populares del Ecuador y el Mundo AAPIEM

-Red Cultura Viva Comunitaria Ecuador

– Comuna Kitu – Red de Casas Culturales (Quito)

-Red Ecuatoriana de circo social “Tejido de circo social”

-Artistas y agrupaciones Afectadas por el no pago de la convocatoria 2018-2019 del Teatro Benjamín Carrión Mora de Loja
María Fernanda Auz Cerón – Teatro de los Silfos – Vocera

-Afectados por Incumplimiento IFAIC

-Fundación Cultural Antrópolis

– Colectivo Artístico Barojo – Cuenca

– Asociación Uniendo Fuerzas Formamos Futuro – Isabela – Galápagos

-INDEPENDIENTES

– Camino Rojo Danza Teatro – Ibarra – Imbabura

– Colectivo escénico Maquisapa – Galápagos

– CENDA- GALAPAGOS (Centro de Danzas)

– Colectivo Escena Continua – Loja
Gabriela Piñeiros y Jaime Paredes

– Dionisios Arte-Cultura- Identidad
Daniel Moreno

-Henry Layana
Grupo de Babahoyo
Provincia de Los Ríos

– Gastón Molina Chalén
Director del grupo de oratoria y teatro “Jochasa”
Cantón Pedro Carbo

-Fernando Cerón
Director Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Tungurahua

– Croma Academia de Arte – Loja
Gabriela Granda Rojas, Directora

– Grupo de teatro La Trinchera y Festival Internacional de Teatro de Manta
Nixon Garcia

-Omar Moreno
Artista independiente

-Ana Maria Moncada Hernandez
Directora, Docente de Teatro y Actriz.

-Gonzalo Gonzalo
Actor

-Diego Luna
Actor

-Paloma Dávila
Actriz, Bailarina, Gestora Cultural

-Teatro Nacional Antifaz – Loja
Danny Torres

-Warmillas de Albardán Teatro Drag Queen
Pablo Gallegos – Gerente Ejecutivo

-María Gabriela Miranda González – Quito
Gestora Cultural, Productora y Actriz

-Zuli teatro en Resistencia
Sofía Domínguez y Mauricio Gallegos

– Neural Industrias Creativas – Artistas Urbanos, Graffiteros Y Muralistas
Luis Fernando Auz

– Tren Dancístico Amauta Tulcán-Carchi
Mauricio Martín Mafla Ruales – Director

-Grupo Teatro Independiente de Quito
Oscar Vangeliz Pabon y Abigail Quito

-Roberto Navarrete
Músico Independiente

El desarrollo cultural no solo tiene que ver con espectáculo

Luis Fernando Fonseca – 15 de abril de 2020

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Sábado, 18 de abril de 2020 Síguenos: Ediciones impresas Manual de estilo Código de ética Rss Cultura Gestión Cultural El desarrollo cultural no solo tiene que ver con espectáculo Luis Fernando Fonseca – 15 de abril de 2020 – 00:00 Diversidad para todos los gustos es una de las intervenciones para el proyecto Jam del CAC. La selección será premiada con muestra y dotación de libros. Diversidad para todos los gustos es una de las intervenciones para el proyecto Jam del CAC. La selección será premiada con muestra y dotación de libros. Foto: Isaac Morales / CAC El recorte en el sector debido a la emergencia llegará a $ 1’500.000 en Quito. $ 900.000 serán compensados a través de eventos. Gestores y artistas discrepan con esta decisión. Noticias relacionadas Municipio hará un recorte a cultura por emergencia A inicios de este año, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, le concedió una entrevista al programa “Castigo Divino”, que conduce Luis E. Vivanco. La gestora cultural Mariana Andrade –quien fue secretaria de Cultura entre 2014 y 2015- hizo dos preguntas: ¿Qué entiende el Alcalde por cultura y cuál es la diferencia del espectáculo? “La cultura es la esencia de un pueblo”, respondió Yunda, “estamos trabajando en esta parte intangible que es lograr esos valores en la ciudadanía (…) La cultura es tener la habilidad de ser responsables con la ciudad, no hacer grafitis, poder trascender los géneros autóctonos, la identidad del quiteño”. Esa idea −en una urbe que promociona la declaración de su Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad de hace cuatro décadas− configuró programas como “Quitunes”. Desde el Cabildo se había establecido que se monten espectáculos cada lunes en espacios públicos. Y es con relación a esos eventos, entre otros similares, que se ha establecido el traslado de $ 900.000 a gastos por la emergencia sanitaria. La “compensación” por el recorte consistiría en reponer los fondos para shows a partir de agosto, explicó el concejal Orlando Núñez, quien presentará el proyecto desde la Comisión de Educación y Cultura del Cabildo. Aunque eso estaba previsto para este martes 14 de abril de 2020, el edil explicó que se ha aplazado porque la Procuraduría Metropolitana “no emitió los informes” requeridos. Las artes más allá del show Es comprensible que en la situación que estamos viviendo, los fondos se utilicen para la emergencia, “sobre todo si son montos destinados a espectáculos”, dice la historiadora del arte y docente Ana María Garzón. Pero también habla de una necesidad de fondo: debe haber conocimiento de lo que son los derechos culturales para comprender lo que es el trabajo artístico. La compensación anunciada “sería absurda si significa hacer más espectáculos, pues en esos eventos no hay nada que se construya como proceso para el sector”. Y en eso coincide la gestora cultural y docente Paola de la Vega: “el problema es que la crisis no deja ver más allá de lo evidente: esa lógica de volver a contratar artistas no resuelve los problemas más profundos de la cultura a largo plazo”. Además, hace una precisión, que ya ha señalado Andrade: una comisión municipal está tomando estas decisiones; pero el Concejo Metropolitano no tiene esa competencia. Es la Secretaría de Cultura la que debería hacer estas cosas”. El sector está desarticulado La Secretaría Metropolitana de Cultura tiene como titular a Diego Jara, productor de eventos de larga trayectoria y también agente de artistas. En una de las pocas entrevistas que ha dado −en agosto de 2019, a diario El Comercio− dijo que “la cultura no solo está en la parte artística o escénica, sino que también implica llevarse bien entre la gente, no botar basura o recoger los desechos de las mascotas”. Esa visión coincide con la manifestada por Yunda. Y tampoco contradice a Núñez, quien anunció que exigirá a la Dirección de Cultura de Quito que “sean artistas ecuatorianos y extranjeros residentes en la ciudad los contratados para fiestas de ‘Agosto, Mes de las Artes’”. Estas condiciones se establecerían durante un año, es decir que incluirán Fiestas de Quito, que en diciembre pasado contaron con una inversión de $ 1,2 millones del presupuesto municipal para siete conciertos masivos y 37 shows en barrios. Las gestoras consultadas para este artículo consideran que Jara puede escuchar a distintas voces. “Si son sensibles, deben estar pensando en convocar al sector, ver qué dinámicas se pueden construir”, señaló Garzón. “Una verdadera compensación sería poner en pie, en funcionamiento a los distintos museos de la ciudad y sus centros culturales”, luego de la cuarentena. “Que tengan programaciones articuladas”. Como autocrítica, Garzón sostiene que una debilidad es que las distintas disciplinas del arte y sus actores también están desarticulados. “Hemos circulado cerca de distintas instituciones, que cambian a sus autoridades, sin poder construir procesos que perduren”. Arte y crisis económica “En tiempos de crisis, las personas necesitan cultura”, escribio Ernesto Ottone, subdirector general de Cultura de Unesco, hace 15 días. Pero no solo se refiere al apoyo que brindan los creadores, sino al que requieren, pues muchos “no consiguen llegar a fin de mes y mucho menos proseguir con su actividad”. En ese sentido, el organismo de la ONU habla de potenciar el acceso al arte. En Quito, $ 205.000 dejarían de usarse para la promoción de derechos culturales y $ 100.000 se retirarían de servicios culturales. “Hay compañeros que están en situaciones tremendamente precarias; hay que pensar de otra forma, unirnos por ellos”, Ana María Garzón, historiadora del arte. “Al parecer, la cultura no rebasa su sector, sus debates. Eso dificulta que la gente la reivindique y vea como el derecho que es”, Paola de la Vega, docente y gestora. Datos Un espacio emblemático El Centro Cultural Benjamín Carrión tiene un presupuesto de $ 110.000 para 2020. Su directora, Daniela Alcívar Bellolio, tiene previsto publicar dos colecciones antológicas, de ensayo y poesía, de cuatro tomos cada una. 90% del presupuesto cultura de los gobiernos seccionales del país se destina a fiestas por fundación e incluso religiosas de cada sitio. Una selección de bajo costo El Centro de Arte Contemporáneo convocó al “Jam del CAC”. La premiación no incluirá incentivos económicos. (I)

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abril 17, 2020

La cultura en las políticas culturales y la gestión cultural

 

Figura 1. Obra de teatro sobre el río Guayas (Guayaquil, Ecuador). Autoría propia. (2014).

« Así pues, la concepción universalista y comprensiva de la cultura practicada por la antropología (todo es cultura) no resulta operativa desde la perspectiva del estudio de la cultura como tal y todavía menos desde la perspectiva de los que pretenden actuar con la cultura y mediante la cultura –como en la política cultural.» A partir de esta concepción de Teixeira considero significativo desmitificar la idea de cultura como un contenedor y más bien resaltar que es una herramienta práctica en las políticas culturales cuyo objetivo es el desarrollo humano apuntando al desarrollo sostenible. Coincido con Teixeira al inclinarse por « la cultura como proceso, no como un objeto sino como una actividad, ésta es la idea clave. » Despojar a la cultura de esa “universalidad” manifestada por Taylor (1871) no implica irse al extremo particularista de la “Kultur” promovida por algunos autores alemanes del siglo XVIII dando a entender que una cultura es mejor que otra, sino especificar de qué manera la cultura sirve – en una suerte de carácter pragmático- para los estudios y la práctica de la política cultural.

Ver a la cultura como algo que lo abarca todo es caduco. Concebir a la cultura como algo en movimiento, guarda congruencia con lo que indicaba Teixeira « (…) la noción contemporánea de acción cultural es coincidente con la visión más amplia de la cultura como acción: el objetivo de la acción cultural (la meta de toda política cultural) es la creación de condiciones para que las personas inventen sus propias metas.» Y con metas capaces de permitir la ampliación de la esfera de presencia del ser y no su paralización. En la praxis, es difícil que esto último ocurra, pero acorde con Teixeira, para esa ampliación del ser es necesario la capacidad crítica (lo que lo nutre o lo que lo retrasa). La tendencia decimonónica de imaginar a la cultura como algo invariable, se fractura con el análisis crítico que Teixeira hace sobre aquellas descripciones culturales que proponen algunos estudios desde la antropología, etnología y sociología. No se debe reducir a la cultura tan solo como algo que se capturó en determinado momento, se analizó con un método determinado y debe perpetuarse. En su lugar, me inclino por estudiar a la cultura como acción con objetividad como señalaba Teixeira analizando la propuesta de Malinowski sobre el análisis de la cultura en el presente y no desde el pasado.

Es interesante contrastar el habitus (perseverar en el ser) que propone Pierre Bourdieu por un lado y por el otro, lo que plantea Montesquieu acerca de ampliar la esfera de la presencia del ser, y aunque son posturas contrarias, sin el habitus que delimita la presencia del ser, éste no podría ser ampliado. Por ello, la reflexión de Teixeira conduce a que el engrandecimiento del ser tiene más peso que mantener las cosas como están. Bajo este escenario, aparece una alternativa para extender el ser: la universidad y el arte como otro recurso para tal propósito.

En la actualidad, una de las acepciones de la cultura que más se ha tomado en cuenta es la de la cultura como nexo social. En estos tiempos posmodernos también se ha llegado a un punto en el que la sociedad civil –desencantada del Estado y sus instituciones- quiere organizarse por sí misma con el fin de forjar cambios, tomar acciones en lo cultural. Pero debe existir la posibilidad de organización de ciudades con la decisión de las autoridades locales para un trabajo mancomunado y, gracias a una cierta presión de la sociedad civil, generar propuestas culturales que conduzcan a acciones puntuales.

De todas formas, el pensamiento de Teixeira apunta a lo que se requiere para la política cultural en este enunciado: « El conocimiento del debido papel que debe atribuirse a las estructuras de mantenimiento y a las iniciativas de renovación es fundamental en la política cultural. » Por eso, un paradigma de un programa de acciones que sirve como una plataforma para compartir diversas experiencias es el documento “Cultura 21: Acciones” de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Uno de los objetivos del documento es «Potenciar el papel de las ciudades y los gobiernos locales como instancias de elaboración e implementación de políticas con y para los habitantes. ».

En la introducción del documento es clara la visión participativa que la ciudadanía debería tener en relación al gobierno local: «El desarrollo sostenible se experimenta a nivel local y requiere de espacios y procesos para la participación ciudadana, el debate y la toma de decisiones. Los gobiernos locales tienen una posición privilegiada para fomentar activamente el debate democrático. Los gobiernos locales pueden activar espacios y fomentar procesos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos, amplíen sus capacidades, protagonicen el presente y decidan el futuro. » Es evidente también que aquí hay un señalamiento de una “posición privilegiada”, pero allí es donde la sociedad civil podría intervenir –tal vez sirviéndose del conocimiento adquirido en la academia y de un conglomerado- para hacer que prevalezcan sus necesidades desatendidas con respecto a lo cultural. En este texto danzan juntos la cultura, la ciudadanía y el desarrollo sostenible, este último es apoyado totalmente por Teixeira, y que no es nada nuevo considerando que “Cultura 21: Acciones” es un complemento de la Agenda 21 de la cultura, aprobada en el año 2004 por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos”.

Dentro del documento “Cultura 21: Acciones” existen compromisos que han aspirado a responder a las necesidades de muchas organizaciones involucradas. En estos compromisos hay nueve secciones, de las cuales hay una que se alinea con las políticas culturales locales denominada la “Gobernanza de la cultura”. Las dimensiones que expresa esta gobernanza son tres: la gobernanza multi-actor, la gobernanza transversal y la gobernanza multinivel.

Sería interesante contrastar la idea de la gobernanza de la cultura con un caso puntual en Latinoamérica. En una entrevista realizada a la colombiana Marta Bustos, gestora cultural y escritora para niños acerca de su posición frente a instancias de poder y a su experiencia dirigiendo organizaciones en el campo cultural en la ciudad de Bogotá, se pudo abordar su trabajo de investigación sobre las intervenciones en las políticas culturales del país e incluso ciertos absurdos y barreras de género que ha observado en su trayectoria.

Ese relato se inicia con un recuerdo de Bustos al mirar un archivo de prensa de 1986 que exaltaba que Colcultura (El Ministerio de Cultura de la República de Colombia) finalmente tenía a un hombre en su directiva. Posteriormente, Bustos se sitúa en una carta constitucional que manejó un lenguaje común para los gestores culturales pero tal vez no incluyó a agrupaciones tradicionales de ese país y allí se enfrentó a una realidad: debía trabajar con formatos caducos para tiempos posmodernos, es decir procurar un cambio de mentalidad arraigada aún a instituciones y modelos coloniales. En su experiencia como Secretaria de Cultura de Bogotá menciona que algo beneficioso para dejarla trabajar sin tanta presión política fue el hecho de no exigir militancias en su nivel técnico, este factor sumado a los pocos recursos económicos en las arcas públicas del sector cultural, hicieron menos atractivo el control e intervención de la política tradicional. Pero más allá de esta particularísima escena, la funcionaria lo que sí deja claro y desde su visión es que no existe la política cultural. « La cultura y el arte, siempre son políticos, cosa que es diferente, entonces al hablar de políticas culturales, lo que hago es política social cultural. Esto de la política cultural, me suena a manipulación, me hace ruido en la oreja, me parece que la intervención estatal en el campo cultural debe ser entendida, en primer lugar, como la gestión de un bien público y, en segundo lugar, como un rol de equidad y justicia social. ».

En resumen, la cultura en su contexto de estudios de política y gestión cultural de estos tiempos, es aquello –una creación- una herramienta, una acción que conduce a un individuo o colectivo a un desarrollo sostenible, no superficial, de sí mismo en un tiempo presente. Dentro de esta dinámica – a veces de conflicto- existen motivaciones que buscan ser certificadas por alguna vía legítima que les otorgue espacio. Dicho de otro modo, la cultura es un proceso, no un fin.

Bibliografía y referencias:

Teixeira, J. (2004). El concepto de cultura en la política cultural. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona.

Agenda 21 de la  cultura. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Cultura 21: Acciones. (2015). Recuperado de http://www.agenda21culture.net/es/documentos/cultura-21-acciones

Bustos, M. (2018). De la gestión y la política cultural. Conversación con Clarisa Ruiz Correal. Estudios Artísticos, 3 (3), 85-97. Recuperado de http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/estart/article/view/12530

 

cce fondo artistas covid

 

 

 

 

https://www.expreso.ec/guayaquil/hay-declarar-sector-artistico-emergencia-10100.html?fbclid=IwAR0uj9_o1Sn_Ng5A6dQ86oANOu1gsyDernPbevbHN9V781xYaj8B_BqM00o

Guayaquil

Coronavirus en Ecuador: “Hay que declarar al sector artístico en emergencia”

Cuarenta y siete organizaciones y artistas independientes de diferentes ciudades proponen medidas urgentes y a mediano plazo.  Esperan ser escuchados

artistas cultural
Reunión de los protagonistas de los sectores culturales.Captura de video

Que el sector cultural y artístico sea declarado en emergencia y como sector prioritario para la contención de la crisis. Esa es la primera de 16 medidas de carácter urgente que proponen tomar a las autoridades 47 organizaciones y artistas independientes de diferentes partes del país.

Coronavirus Ecuador y el mundo | MINUTO A MINUTO: noticias actualizadas, casos y más

Los puntos fueron establecidos luego de dos reuniones virtuales realizadas durante este mes, en las que establecieron, además, que las artes y la cultura deben ubicarse junto a la educación como bienes públicos irrenunciables e inalienables que deben fomentarse, protegerse y fortalecerse, según se detalla en las primeras líneas del documento denominado ‘Acuerdo nacional por el arte y la cultura’.

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Y ante la crisis sanitaria actual, aseguran que han sido visibilizadas las “debilidades estructurales del sector sometido –desde las políticas públicas– a un ejercicio profesional con escaso reconocimiento al desarrollo de relaciones laborales precarias, a sistemas de autoexplotación y ausencia de cualquier tipo de derecho o seguridad…”.

También exigimos el pago inmediato de las deudas que el Estado mantiene con los creadores. Es una problemática que va más allá, y no solo es del artista como tal.

Tanya Sánchez, productora

Entre las otras disposiciones destacan que se deben implementar medidas que mitiguen los impactos inmediatos de la crisis en el sector, y poner en práctica mecanismos permanentes de diálogo entre sus representantes y las principales autoridades culturales del país, así como también con los gobiernos autónomos provinciales y cantonales.

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Sin embargo, una de las principales exigencias es que sean reconocidos como trabajadores autónomos, alineándose con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que en esta coyuntura es necesario establecer políticas públicas que permitan el desarrollo de procesos creativos, la protección del patrimonio material e inmaterial, la expresión de las diversidades y los procesos de cultura viva comunitaria.

Una de las propuestas para el sostenimiento del sector es el no cobro de cuotas e intereses por parte de instituciones bancarias por préstamos realizados a artistas y gestores culturales por un tiempo determinado; préstamos emergentes, desde el Banco del Estado-Fondo Nacional de Cultura, para la reactivación productiva de artistas y gestores culturales con intereses asequibles y con un tiempo de gracia para la cancelación de las cuotas.

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Asimismo, explican que por las actuales circunstancias, no pueden desarrollar sus actividades ni generar recursos económicos para sus hogares, por lo que la cancelación del préstamo se realizará con el trabajo, después de que la emergencia sanitaria permita la circulación y difusión de bienes y servicios culturales.

El actor de teatro y televisión Héctor Garzón indica que realizar este acuerdo les ha permitido unirse más como artistas, pero argumenta que la pandemia atacó primero a este sector porque “coartó a la familia de ir al teatro, ir a ver danza, escuchar músicos, y seguramente seremos el último sector que pueda recuperarse”, lamenta.

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Al igual que el documento, ratifica que hay que “declarar al sector artístico en emergencia”, pero considera que entre todas las propuestas, hay una que es clave: el diálogo. “Debe haber una sinergia entre el gobierno y el artista con cambios positivos urgentes que deben medir y visibilizar los impactos de lo que nos ocurre”.

La intérprete y productora de Círculo Artes Escénicas Tanya Sánchez remarca que el pasado jueves 23 de abril se desarrolló una reunión con la Dirección de Políticas Públicas en la que les formularon dos interrogantes: “¿cuál ha sido su nivel de afectación por la emergencia de COVID-19?” y “¿cuáles son las estrategias para salir de este problema?”.

No obstante, Sánchez dice que, a su juicio, el Estado debe “asumir su responsabilidad de la cultura como un derecho y realizar inversiones inteligentes en el sector, que no estén apuntadas al evento masivo o a la capitalización de la cultura como un instrumento político, sino a fondear el sector desde el punto de vista de derechos culturales”.

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Por su parte, Daniel Alcoleas, titiritero y vocal de la Asociación Nacional de Artes Escénicas (ANAE), comenta que se inició con la convocatoria de las asociaciones culturales el pasado 5 de abril, pero fue el 20 que el informe fue discutido y consensuado entre todos los participantes, en los que también se incluye a artistas callejeros, poetas y músicos.

“Somos un sector productivo históricamente precarizado, en situación de vulnerabilidad. Pero somos un sector estratégico también, como ha quedado demostrado en otros países. Tenemos todas las herramientas para crear contenidos artísticos, educativos, para acompañar a la gente en estos momentos”, explica Alcoleas.

En el acuerdo también se exponen diez medidas a mediano plazo. Entre ellas sobresalen: la creación de un observatorio de prácticas de gestión cultural, para establecer indicadores de análisis que sirvan para desarrollar planes, programas y articulación de políticas públicas a futuro; reinvertir los recursos de cultura de los GAD a nivel nacional; y acceso a seguridad social para artistas y gestores culturales (tomando como ejemplo el Seguro Social Campesino).

Alcoleas confirma a EXPRESO que el documento fue enviado vía WhatsApp, el jueves 23 de abril, al ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, y ahora están “a la espera de una respuesta”.

 

 

Núcleo Pichincha

 

 

IFAIC, 20.02.2020

COMUNICADO A LA CIUDADANÍA

El Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividades (Ifaic) frente a las dificultades de conocimiento público presentadas con sus beneficiarios expresa, oficialmente lo siguiente:

El 23 de octubre de 2019 se designa a la PhD. María Teresa Galarza, ganadora del proceso de selección como Directora Ejecutiva del Ifaic, mediante Acción de personal DAF- GIATH-142; siendo posesionada el 31 de octubre por parte del Ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco.

Hasta el 18 de noviembre de 2019 se establece el equipo de la nueva administración, y la Directora Ejecutiva dispone a las Direcciones técnicas y administrativas el inmediato diagnóstico de la situación institucional; para la revisión del estado de proyectos, Líneas de Apoyo, y los respectivos procesos administrativos.

El resultado de los informes emitidos por las distintas direcciones develó:

– Inconsistencias de carácter legal entre Bases Técnicas y procesos de seguimiento de proyectos beneficiarios.

– Ausencia de procesos técnicos, administrativos, de control previo y control concurrente.

– Bases Técnicas aprobadas por resoluciones de Directorio con falencias de fondo y forma.

Estos elementos son los que principalmente, dificultan el adecuado seguimiento de los proyectos beneficiarios para su efectivo cierre.

El Directorio del Ifaic, establecido mediante la Ley Orgánica de Cultura (LOC), es la instancia  superior con potestad resolutiva del Ifaic que hasta el momento ha tenido a su cargo la aprobación de Bases Técnicas de las distintas Líneas de Apoyo; Bases Técnicas elaboradas en función de información presentada por las autoridades del Instituto.

La nueva Dirección Ejecutiva del Ifaic, en ejercicio de atribuciones de Secretaria del Directorio, convoca a la primera reunión, dentro de su periodo, el 9 de noviembre de 2019 ante el hallazgo de incongruencias entre Bases Técnicas, resoluciones y actas, lo que concluye en la convalidación de una fe de erratas para la corrección del cronograma de una de las Líneas; convirtiéndose esta situación en una alarma que obliga al equipo técnico y administrativo del Ifaic, recién conformado, a revisar todo lo actuado y emitido en torno a las Líneas de Apoyo lanzadas por las administraciones anteriores.

La serie de novedades que se encontraron implican la inminente convocatoria a nuevas reuniones de Directorio, donde se expusieron las irregularidades e inconsistencias detectadas, con las que se había venido operando y que iban en afectación directa a las Líneas de Apoyo, los beneficiarios y la institución.

En reunión de Directorio del 27 de diciembre de 2019 se abordan siete puntos, tres de los cuales aluden a lo anteriormente expuesto: en cuanto a las Líneas de Apoyo, se trata casos específicos como MICSUR, donde las Bases Técnicas pre-aprobadas y lanzadas conforme a cronograma aprobado por otra autoridad, incluían la categoría audiovisual, que legalmente no es competencia del Ifaic. En ese momento también se difiere la fecha de convocatoria del 5to llamado de las Líneas de Movilidad y de Fortalecimiento; para tratar de solventar las inconsistencias encontradas entre los presupuestos aprobados para ambas líneas en las Bases Técnicas respectivas y los presupuestos previstos para ellas en el Plan Operativo de Fomento (POF) al que, según las Bases Técnicas, corresponden las Líneas de Apoyo.

El POF es el instrumento presupuestario que activa el Fondo de Fomento; es decir, es el presupuesto del Fondo que determina la distribución del financiamiento por cada Línea de Apoyo a ser convocada por la institución.

La aprobación del POF de acuerdo al artículo 85 del Reglamento General de la LOC tiene dos instancias; 1. Resolución de Directorio y, 2. Validación expresa por el Ministro de Cultura y Patrimonio, condición fundamental para que se convierta en un instrumento plenamente operativo.

La Institución tiene hasta el momento dos Planes Operativos de Fomento aprobados mediante resoluciones de Directorio, que fueron validados a través de los respectivos acuerdos ministeriales: el POF 2018 (ejecutado en calidad de arrastre hasta diciembre 2019) y el POF 2019-2020 aún en ejecución, adicionalmente hubo una reprogramación del POF 2019-2020 que no fue oportunamente validada por Acuerdo Ministerial.

Como grave consecuencia de tener dos POF en ejecución simultánea durante el año pasado, y una reprogramación no legalizada plenamente, hubo una serie de errores, incluyendo el virtual desfinanciamiento de las Líneas de Movilidad y Fortalecimiento, en cuyas Bases Técnicas se especificaba su ejecución a cargo del POF 2018, haciéndose referencia a una programación inexistente y estableciendo un monto de cada Línea que duplicaba el presupuesto aprobado para cada una de ellas.

En sesiones del Directorio del 14 y 28 de enero de 2020 se realizan las acciones necesarias para cargar ambas Líneas a los dos POF en ejecución, y así legalizar los montos ya adjudicados.

Con ello, finalmente, la Dirección Ejecutiva, en cumplimiento de la Ley, envía la reprogramación del Plan Operativo de Fomento 2019-2020 aprobada por Directorio para su ratificación por parte del Ministro de Cultura y Patrimonio.

Por otro lado, es de dominio público, que uno de los hechos que más incomodidad ha causado a la ciudadanía, y en especial a los beneficiarios, es la dificultad del cierre de sus proyectos, debido a que lo estipulado en las diversas Bases Técnicas aprobadas por Directorio respecto de la presentación de justificativos de gastos; fue contradicho con el requerimiento de una Declaración Juramentada, mediante la publicación en la página web institucional, en marzo de 2019, de un documento sin firma ni datos de aprobación. Respecto de este tema, consultar este link: https://www.fomentocultural.gob.ec/Declaracion-justificativo-gastos/documents/

Desde la reunión de Directorio de 27 de diciembre de 2019, la Directora Ejecutiva expone a los miembros la gravedad de esta situación, estableciéndose por parte de ellos la imperiosa necesidad de que el Ifaic presente mayor información.

Ante lo cual, se ha recabado la documentación de respaldo necesaria y se han realizado reuniones con beneficiarios, con la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el Servicio de Rentas Internas (SRI) a fin de establecer los mecanismos más adecuados para sortear esta problemática.

En función de las múltiples reuniones de trabajo y de la documentación recabada, se identifican las diversas trabas que establecidas en Bases Técnicas aprobadas en Directorio, dificultan el seguimiento y cierre técnico y financiero de los proyectos.

A partir de esto, se reúne el Directorio el 12 de febrero de 2020, para que, con base en los antecedentes expuestos, se dispongan las resoluciones que permitan, en el marco legal, avanzar con el cierre de los proyectos.

María Teresa Galarza, Directora Ejecutiva del Ifaic, pone en conocimiento del Directorio las versas problemáticas y propone la adopción de resoluciones respecto de:

  • Problemas derivados del retraso institucional en la suscripción y gestión de los convenios abiertos de las distintas Líneas de Apoyo convocadas.
  • Justificativos de gasto de los proyectos enmarcados en las diversas Líneas de Apoyo (convocadas y por convocarse), para garantizar el buen uso de los recursos públicos.
  • Necesidad de modificaciones de forma en los proyectos beneficiarios de las diversas Líneas de Apoyo, para viabilizar su seguimiento y cierre.
  • Temas de propiedad intelectual de los medios de verificación y entregables de los proyectos beneficiarios.
  • Mecanismos de seguimiento y aprobación del uso de imagen institucional en los proyectos beneficiarios, para viabilizar su cierre.

Ante lo cual, de manera general, el Directorio resuelve:

  • Aprobar prórrogas de hasta 6 meses a los proyectos beneficiarios por razones distintas a caso fortuito o de fuerza mayor previstas en las Bases Técnicas.
  • Reprogramación de actividades (modificación del cronograma de los proyectos).
  • Reajustes a los presupuestos iniciales, para facilitar los procesos de justificación de gastos.
  • Presentación de justificativos de gastos reconocidos por la legislación tributaria y los entes de control.
  • Además la reliquidación únicamente financiera en los casos que así amerite.
  • Aclarar que la cesión de derechos de los medios de verificación a favor del Ifaic, no incluye a la obra en sí, cuando esta es entregada como medio de verificación del proyecto.
  • Modificaciones técnicas no sustanciales o de forma (ejemplo, cambios de nombre, de lugares de ejecución, de equipo, etc.) siempre que no afecten el objeto o monto del proyecto.
  • Facilidades para la certificación del correcto uso de la imagen institucional en los productos comunicacionales de los proyectos beneficiarios.

Producto de una falta de procesos administrativos y del diseño adecuado de un sistema de seguimiento a los procesos de gestión, particularmente de los proyectos beneficiarios de fondos concursables; la administración actual del Ifaic, liderada por Galarza, desde el primer día de trabajo, ha buscado incansablemente soluciones a las dificultades encontradas.

Paralelamente, se ha dispuesto a la Coordinación General Técnica, direcciones técnicas y administrativas establecer de manera inmediata canales y acciones que permitan subsanar los problemas en curso y futuros; mediante la correcta aplicación de normativas en la programación, gestión y seguimiento de las convocatorias lanzadas, en curso y de los proyectos en etapa de seguimiento y cierre.

En este sentido, el Ifaic pone a disposición de los beneficiarios el contingente técnico, jurídico y administrativo para apoyar el cierre de los proyectos inmersos en la problemática enunciada; precautelando los intereses de los artistas y gestores, y la seguridad jurídica que debe brindar el Ifaic para una adecuada gestión institucional.

En este contexto, María Teresa Galarza, Directora Ejecutiva del Ifaic, ha solicitado a la Contraloría General del Estado un examen especial al Plan Operativo de Fomento y una auditoria de gestión a las administraciones anteriores.

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA

https://www.fomentocultural.gob.ec/?p=1413&fbclid=IwAR2bDCaxl4wcmJDmvEfLUwlIun-0LfzSv4uLA1EvAC9v-lApbT5Vykc_Qks

UNESCO financia nueve proyectos en países en desarrollo

La UNESCO concede financiación a nueve proyectos que apoyarán la cultura en países en desarrollo

Nueve propuestas que impulsarán las industrias culturales y creativas en nueve países en desarrollo fueron aprobadas el miércoles por el Comité de la Convención de la UNESCO de 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, actualmente reunido en la sede de la Organización en París

Con ellas, son ya más de cien los proyectos que han recibido financiación del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) de la Convención de 2005.

Los proyectos aprobados son:

Los proyectos se llevarán a cabo en nueve países alrededor del mundo y se sumarán a más de 100 iniciativas que han recibido el apoyo de la Convención de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO.

Seleccionados entre 480 solicitudes, estos proyectos reforzarán las capacidades y los conocimientos de los profesionales de la cultura, estimularán el espíritu emprendedor cultural, promoverán las redes creativas y la movilidad, recopilarán datos y apoyarán la elaboración y aplicación de políticas y medidas culturales. Los proyectos dinamizarán las industrias culturales y creativas y harán que la cultura sea más accesible para todos.

Cada uno de ellos recibirá financiamiento de hasta 100.000 dólares. Esta es la primera vez que Ecuador, Etiopía, Georgia, Turquía y Viet Nam han sido seleccionados para recibir fondos del FIDC.

El FIDC es un fondo voluntario de múltiples donantes creado en virtud de la Convención de 2005 con el objetivo de apoyar el surgimiento de sectores culturales dinámicos en países en desarrollo. En particular, el Fondo apoya las iniciativas que contribuyen a fortalecer la cadena de valor creativa, desde la creación, la producción y la distribución hasta el acceso a diversos bienes y servicios culturales.

Este año se cumple el décimo aniversario de la creación del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, establecido en 2010. Con el anuncio de los últimos ganadores, la lista de beneficiarios del FIDC alcanza 114 proyectos en 59 países en desarrollo, por un financiamiento total de más de 7,5 millones de dólares. Si bien los proyectos financiados por el FIDC en el último decenio abarcan desde la iniciativa de arte público en Albania, la escuela de circo en Camboya, los profesionales del cine en Madagascar hasta los emprendedores culturales en Bogotá, todos ellos aportan su contribución a la Convención de la UNESCO de 2005 y su propósito de favorecer un mundo de creatividad.

Las solicitudes fueron aprobadas por los 24 miembros del Comité Intergubernamental de la Convención de 2005 durante una reunión anual en la sede de la UNESCO (11-14 de febrero de 2020). El Comité también fijó la próxima convocatoria del FIDC para marzo de 2020.

 

 

 

 

Fondos asignados:

US$ 86 792.00
Países beneficiarios:

Solicitante:

Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay
Desde
Apr 2020
Hasta
Oct 2021

Sobre el proyecto:

The Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay (House of Ecuadorian Culture Núcleo del Azuay), a public institution responsible for the promotion of the cultural sector in the province of Azuay, proposes to: (1) Consolidate the ecosystem of support for the promotion of a cultural entrepreneurship programme in Cuenca; (2)  Establish a Cultural Entrepreneurship Incubator; (3) Strengthen the capacities of 30 cultural entrepreneurs in Cuenca; (4) Provide 10 cultural entrepreneurs with access to seed funding and credit and support for market access.

La tragedia del teatro Benjamín Carrión (GK)

Portada

La tragedia del teatro Benjamín Carrión

Tres informes, dos de la Contraloría y uno de la Corporación Financiera Nacional, destapan el grave estado de una obra que se suponía era emblemática para la cultura no solo de la provincia, sino de todo el país.

  • Dos exámenes especiales de la Contraloría muestran la grave situación del Teatro Benjamín Carrión en Loja.

Las cosas estaban tan mal en el Teatro Nacional Benjamín Carrión de Loja que la Contraloría General del Estado, tras dos exámenes especiales, recomendó su cierre. El 17 de enero de 2020, el Ministerio de Cultura acogió la sugerencia y lo cerró. Aunque la clausura sería levantada una semana después, los exámenes de la Contraloría destaparon la trama de la tragedia del Benjamín Carrión: contrataciones fraudulentas, deudas millonarias y un modelo de gestión inexistente. Son tantas las irregularidades que el Ministerio de Cultura se negó ocho veces, entre 2016 y 2019, a recibir del Servicio de Contratación de Obras (Secob) oficialmente el teatro. Aún no lo hace —el teatro empezó a funcionar porque el mismo Ministerio lo declaró “entidad autónoma”, lo que hacía que su funcionamiento quede a cargo de su propia administración.

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El Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora se inauguró en noviembre de 2016, durante la primera edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, una ciudad austral del Ecuador que se precia de ser la capital cultural del país. Su construcción costó más de 24 millones de dólares. Según la Presidencia —en manos de Rafael Correa— era el mejor teatro del Ecuador y uno de los más modernos de América Latina. Fue calificado como una “promesa cumplida de la Revolución Ciudadana”, como se autodenominaba el gobierno de Correa.

Pero los informes de la Contraloría revelaron irregularidades desde el 2013, cuando la construcción del teatro estaba todavía en la etapa precontractual. Los problemas se habrían extendido hasta el 2019.

Entre los principales está la adjudicación del contrato a Fabriequipos C.A., una empresa que no cumplía con los requisitos para encargarse de la obra, y que —hasta la fecha de publicación de este texto— no ha pagado a las empresas que subcontrató. Tampoco existía un reglamento interno para el uso del teatro —para presentaciones, conciertos y eventos culturales —  y se hizo trueque en al menos veinte ocasiones. Para usar el “mejor teatro del Ecuador” se llegó a entregar computadoras e impresoras como pago dice el informe de la Contraloría.

Además, el fiscalizador (que no está identificado en el informe de la Contraloría) recibió de forma injustificada más de 28 mil dólares que fueron autorizados por Secob, el administrador del contrato. Más de doscientos equipos instalados en el teatro no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, y la cantidad de sistemas —como de iluminación y sonido — y obras — como las salas y los jardines — pagados no corresponde a los instalados.

Cerrar el teatro no fue una solución. El Ministerio de Cultura anunció en un comunicado que el ministro Juan Fernando Velasco consultó con el Contralor sobre la continuidad de su uso. La Contraloría permitió que se use la entidad pero “solo para las actividades para las que fue ejecutada”. El Ministerio dispuso que el Benjamín Carrión continúe con las actividades planificadas para garantizar “el derecho de acceso a la cultura”.

§

Fabriequipos C.A. se creó en 1982 en Guayaquil. En julio de 2008, la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) declaró que todas sus acciones pertenecían a los exaccionistas de Filanbanco y fue incautada. Como las demás empresas incautadas, pasó a ser manejadas por el desaparecido Fideicomiso AGD – CFN NO MÁS IMPUNIDAD, que agrupaba bienes y compañías que pertenecieron a los bancos que quebraron en la crisis de finales de siglo. El fideicomiso fue suprimido en 2015. Las empresas incautadas que no han sido liquidadas aún son manejadas por la Dirección Nacional de Consolidación y Regularización del Banco Central del Ecuador.

El Secob firmó en 2015 un contrato con Fabriequipos por más de 16,2 millones de dólares para terminar la construcción del Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora. Su subdirector técnico de estudios y su director nacional de diseño e ingeniería confirmaron que la empresa poseía “las condiciones técnicas y experiencia mínima requerida para ser tomada en cuenta en la construcción del Teatro en Loja”. Fabriequipos presentó dos certificados de experiencia: afirmaba haber construido dos proyectos que superaban los 17 millones de dólares: el edificio Wynn Quito Tennis Club y el Conjunto Residencial Brescia.

Pero el examen especial de la Contraloría y un informe de la Corporación Financiera Nacional (CFN) —que intervino porque el paquete accionario de Fabriequipos era propiedad del fideicomiso No Más Impunidad, del que la corporación era parte— determinaron que la compañía no tenía la experiencia para ejecutar la obra. Los dos proyectos que dizque hizo, fueron en realidad de Arroyo Aguirre Constructores y Servicios.

Pero eso no era todo. Según las especificaciones de su contrato con el Secob, Fabriequipos solo podía subcontratar el 30% del valor total del contrato pero subcontrató más del doble: el 64,5%. Además, Fabriequipos presentó nueve facturas que no están relacionadas con la construcción del teatro, en las que se había modificado el valor, la fecha y los productos adquiridos. Todo esto para cobrar rubros que nunca se ejecutaron. El informe de la Contraloría dice que la empresa le debe más de 959 mil dólares al Secob. Debía reembolsarlos hasta noviembre de 2017, pero eso no ha sucedido hasta hoy.

En octubre de 2017 el Secob declaró la finalización anticipada y unilateral del contrato. Aún quedaban trabajos pendientes y deudas por pagar, a pesar de que el teatro llevaba ya casi un año en funcionamiento.

La asambleísta por Loja Jeannine Cruz dice que Fabriequipos era una empresa de papel que se construyó para “operar abusando del Estado, vulnerando la ley, ese fue el esquema para robar y sacar dinero”.  Dice que no solo participaba en construcción sino que estuvo involucrada en otros negocios como la compra de hélices de helicópteros. Entre 2011 y 2016, participó en 152 procesos con distintas entidades del Estado ecuatoriano. Según el informe de la Corporación Financiera Nacional, cuarenta y cuatro todavía están en ejecución.

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Sonotec fue una de las empresas subcontratadas por Fabriequipos —que se encargó del equipamiento escénico del teatro— y una de las más afectadas económicamente. Alberto Borja, su presidente, dice que a su compañía —como a otros proveedores — les tocó terminar el teatro sin recibir el segundo desembolso del valor acordado con Fabriequipos. Borja explica que para terminar de equipar al Benjamín Carrión recurrió a créditos internacionales, hipotecó sus bienes e hizo préstamos con la banca privada ecuatoriana. Ha pagado más de 500 mil dólares solo en intereses. Cuando reclamó su dinero, el Secob y el Ministerio de Cultura insistieron en que la deuda era con la empresa que lo subcontrató, aunque Borja tiene un acta de entrega recepción firmada por las dos instituciones.

Después de casi cuatro años, en el Teatro Benjamín Carrión se han hecho más de 600 presentaciones y cuatro ediciones del Festival Internacional de las Artes Vivas. Hasta ahora no se han pagado los equipos que se han usado en todos esos eventos. Solo a Sonotec, la administración del teatro le debe más de 2,3 millones de dólares. Borja explica que a la dueña de la empresa que Fabriequipos subcontrató para terminar los jardines del teatro le embargaron una camioneta y que a uno de los mecánicos que trabajó en el proyecto le embargaron su taller.

Jeannine Cruz dice que los más afectados son los subcontratados por Fabriequipos que “no tienen a quién responsabilizar”. La empresa que los contrató, abandonó la obra después de que la Superintendencia de Compañías la liquidara y que uno de los directivos de la obra fuera detenido en Perú. Todas estas irregularidades son solo las que están en el examen especial de la Contraloría sobre la construcción y equipamiento del teatro.

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La tragedia del Teatro Benjamín Carrión tiene un segundo acto en la Contraloría. El segundo examen evaluó sus operaciones administrativas y financieras entre agosto de 2017 y enero de 2019. Concluye que no existía un modelo de gestión para su uso.

Según la Contraloría, en varias ocasiones se autorizó el uso del teatro —el escenario, los equipos, la cafetería y todas las salas— bajo la modalidad de canje y sin ningún contrato firmado. El informe cita veinte ejemplos en los que se usaron las instalaciones de uno “de los mejores teatros de América Latina” a cambio de computadoras, laptops, impresoras y hasta materiales de ferretería.

Alberto Borja, presidente de Sonotec, explica que usar los equipos del teatro para cualquier evento podría ser riesgoso. Ninguno ha recibido el mantenimiento necesario lo que causa que se pierda la garantía. Explica que ellos estaban pendientes de darle el mantenimiento pero “no podemos meter mano a los equipos si no tenemos solicitud de la empresa que nos contrató”, dice Borja. Como Fabriequipos desapareció, nadie se lo ha pedido. La frecuencia del mantenimiento depende de cada equipo, pero se debe hacer en promedio cada tres meses. Esto demuestra que los equipos son de buena calidad, explica Borja, porque en tres años sin mantenimiento no se han dañado.

Le pedí una entrevista a Ricardo Sempértegui, exdirector del Teatro Benjamín Carrión que fue despedido en enero de 2020, para hablar sobre el uso que se le daba al teatro durante su administración, pero hasta la publicación de este artículo no recibí respuesta. Una exfuncionaria del Teatro Benjamín Carrión que trabajó entre 2016 y 2018 en la institución también prefirió no dar la entrevista por miedo a posibles represalias.

El informe de la Contraloría pide que se hagan todas las gestiones pertinentes para que se efectúe la recepción definitiva del teatro y que forme parte del patrimonio del Ministerio de Cultura. Recomienda, también, que se establezca un reglamento interno para el uso de las instalaciones del teatro y que los eventos sean culturales, ya no particulares, como estaban acostumbrados.

§

En 2016, cuando se inauguró, la Presidencia del Ecuador describió al Teatro Benjamín Carrión como “un sueño de Loja, un símbolo de descentralización y otra promesa cumplida de la Revolución Ciudadana”. Era, también, un sueño cumplido para Benjamín Carrión —el primer presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana— que mientras vivió soñaba con que Loja sea una potencia cultural descentralizada.

El Ministerio de Cultura y Patrimonio, en febrero de 2017, creó al Teatro Benjamín Carrión Mora como una entidad operativa desconcentrada del Ministerio. Así se estableció en el Acuerdo Ministerial DM-2017-012 que garantizaba su autonomía presupuestaria en Loja en temas administrativos y financieros. Las cosas cambiaron en 2019, con el Acuerdo Ministerial DM- 2019-033, con el que el exministro de cultura Raúl Pérez Torres le quitó esa autonomía (aunque había prometido que no iba a hacerlo).

El actual ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, confirmó que todos los procesos administrativos y jurídicos se pasaron a Quito “para optimizar dichos gastos de personal”, pero dijo que el teatro sigue teniendo autonomía para la programación artística y cultural. La asambleísta por Loja, Verónica Arias, dice que “el ministro Velasco no entendió cuál es el concepto de autonomía” porque, sostiene, todos los procesos administrativos y jurídicos se trasladaron a la capital. “Si eso no es quitar autonomía, ¿de qué estamos hablando?” preguntó retórica en el pleno de la Asamblea el 22 de enero de 2020 durante la sesión en la que se aprobó la comparecencia del ministro Velasco. 

El ministro Juan Fernando Velasco se presentó el 3 de febrero ante la Comisión de Educación y Cultrua, junto a Alberto Borja, de Sonotec, y René Tamayo, director general del Secob. Velasco dijo que, pese a las irregularidades, se está buscando “precautelar su funcionamiento” y garantizar el derecho ciudadano de acceder a la cultura. Según Velasco, que no ofreció una solución concreta (aunque aseguró que se hará todo lo posible para solucionar la situación de las familias y trabajadores afectados), la motivación real que deben tener es conocer por qué “el gobierno anterior adjudicó la obra a una empresa que estaba en liquidación”. René Tamayo, director general del Secob, dijo que no era responsabilidad de la institución que representa pagar esas deudas, sino de la empresa contratada: Fabriequipos. Tamayo confirmó que en los próximos días ingresará una demanda en contra de Fabriequipos en la Fiscalía.

Karla Ortega, artista y gestora cultural lojana, dice que los espacios culturales autónomos son muy importantes para la ciudad. “Invertir en arte significa crecimiento económico”, dice Ortega, “pero también es crecimiento social”. Dice que en Loja faltaban lugares adecuados para obras más complejas. Por eso, ahora aprovechan los los dos más grandes teatros de Loja —el Teatro Benjamín Carrión y el reconstruido Teatro Bolívar.

José Antonio Mora, cantante lojano y director municipal del OFF (la parte del festival de las artes lojano que se hace en exteriores), dice que los espacios culturales en Loja se están usando cada vez más. Sin embargo, para los artistas la falta de gestión clara sigue siendo un problema. “Falta pensar que hay una red local de teatros y manejar bien los espacios” dice Mora.

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Se han planteado varias soluciones para el manejo del Teatro Benjamín Carrión. Algunos, como la asambleísta Verónica Arias, sugieren que se le devuelva su autonomía pero que el Ministerio de Cultura continúe como órgano de control. Hay quienes sugieren que lo maneje la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, otros que lo maneje el Municipio de Loja (como ya lo hace con el Teatro Bolívar) o que se cree un consorcio privado para manejar una obra —que se suponía una elegía y terminó siendo un tragedia— hecha con dineros públicos.

IFAIC reclamos incentivos 2019

El Telégrafo
Cultura
27 de enero de 2020
María Teresa Galarza / Directora Ejecutiva del IFAIC (Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades)
“Vamos a formalizar la entrega de incentivos”
La administración del fomento a las artes analiza si pedir documentación a los beneficiados (subsanar) o encontrar una figura para validar sus procesos. Noticias relacionadas Los gestores tendrán voz en comisión Los proyectos artísticos que ganaron fondos concursables luego de presentarse a la convocatoria 2018-2019 todavía están en proceso de cierre. En las bases de esa convocatoria (numerales 13 y 16; agosto de 2018) hay una serie de requisitos. Por tratarse de fondos públicos, “es necesario que los informes de ejecución sean respaldados por documentos y el proceso está supeditado a la Contraloría”, explica María Teresa Galarza, quien dirige el Ifaic desde hace dos meses y medio. Pero durante la gestión de su antecesor, Ronald Verdesoto, se publicó en la página web del Instituto que la presentación de facturas no era necesaria (marzo de 2019), que bastaba con entregar declaraciones juramentadas. “Fue un documento titulado ‘Preguntas frecuentes’ que no tiene firmas, ni respaldo jurídico”, señala Galarza. Además, allí se indicaba que “los beneficiarios deberán entregar sus obras como medio de verificación” a través de una “transferencia de bienes muebles y sesión de derechos de autor o donación a favor del sector público”. Aun cuando no todas las obras se pueden transferir o donar… A lo mejor se puede adjuntar un escrito para demostrar la materialidad de una obra; pero no en interpretación teatral, por ejemplo. No toda obra tiene una corporalidad, además de que ya es conflictivo que se pida la donación, algo a lo que están condicionados los autores si no presentan facturas. ¿Cuál es la contradicción? Desde la Dirección de Seguimiento a la Gestión Cultural se supo que, por un lado, las bases fueron aprobadas por el directorio, en el que se indica que se deben entregar los justificativos de gastos válidos para garantizar el buen uso de recursos públicos. Por otro lado, está el documento sin firma en el cual se establece la donación de la obra, pero no las facturas. Es complejo. ¿Qué ocurre en cuanto a la cesión de derechos de autor? Les advierten que deben entregar las obras originales como medio de verificación y ceder ciertos derechos de propiedad intelectual, a título gratuito. ¿Los beneficiarios le entregan una factura adicional al Ifaic al recibir estos incentivos? Esa pregunta la respondió el SRI (el 3 de agosto de 2019), y así justificaron el uso de la declaración juramentada, de manera generalista. No deben entregar facturas al Instituto pues son incentivos, no constituyen un trabajo ni se está comisionando obras. ¿Qué establece la ley? El Artículo 105 de la Ley Orgánica de Cultura (LOC) dice que estos incentivos están excluidos de cualquier modalidad de pago o desembolso que esté especificada en los regímenes de compra o contratación pública. No se habla de justificación de gastos. Eso contradice la indicación del directorio. ¿Qué se hará para solucionarlos? El resto de normativa es jerárquicamente superior a la absolución de consulta del SRI, según la Dirección de Asesoría Jurídica. Y la LOC establece que los procesos de convocatoria serán normados y reglados en las bases, que indican que se debe entregar justificativos de gasto. Prevalece la obligación de entrega de facturas. ¿Y los cierres pendientes? El cuello de botella son los justificativos de gastos. Por eso conformamos una comisión interna y otra interinstitucional en busca de subsanar los procesos o convalidarlos. Buscamos una solución, pero los plazos dependen de varias instituciones. (I)

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Reservas y archivos (Edificio Aranjuez)

El Telégrafo, 29 de enero de 2020

“Pensamos trasladar las reservas y el Museo Nacional”

En la cartera de Cultura se analiza qué sitio reúne las condiciones técnicas para ser un gran repositorio.
Hay cosas que remover en el MCyP, admite Juan Fernando Velasco a siete meses de su gestión “y eso suele levantar algunas alertas”. En cuanto al traslado de los bienes del edificio Aranjuez hay un estudio preliminar para definir el destino. ¿Habrá forma de consultar los documentos y archivos para los tesistas que lo requieran? Lamentablemente en este momento no se puede acceder a estos fondos. No es una situación nueva, desde 2012 ya hubo alertas, y la EPN hizo un informe técnico en 2017. El edificio podría colapsar y eso no solamente es un riesgo para las reservas sino para el personal que trabajaba ahí. A fines del año pasado, Gestión de Riesgos ratificó que hay peligro de colapso. ¿Cuánto costará trasladar el casi millón de bienes? Hemos hecho un estudio y bordea los $ 500.000. Hicimos la petición del presupuesto. La complejidad de esto tiene que ver con que sea un espacio adecuado para la reserva, no puede ser un almacén o bodega. Ni podemos hacer una minga para que los funcionarios metan en cajas las obras. Es un proceso técnico caro. ¿Cuál sería el espacio ideal? Además del tamaño requerido, la reserva debe estar junto al Museo Nacional del Ecuador (MuNa) o lo más cerca posible. Por eso está la alternativa de buscar, de una vez, un lugar adecuado. ¿La sede de Unasur es el espacio con más ventajas? Solo si estuviera listo para reabrir la reserva. Hay que ver si el uso del edificio está saneado desde lo legal y otro desafío es que queda lejos. Los Fondos Jijón y Caamaño irían a la Biblioteca Nacional del Ecuador (BNEE), que ya está en el antiguo Hospital Eugenio Espejo. ¿Declarará en emergencia a los archivos y memoria, como sugieren varios sectores? Eso se hace para transmitir la sensación de urgencia y relevancia. Pero en este caso eso está claro en las instancias del Estado. No hemos tenido ningún tipo de traba por parte del Presidente (Lenín Moreno): el presupuesto para el traslado está aprobado. Hay una comprensión absoluta de la emergencia, y es tarea nuestra resolverlo legal y eficientemente, en el menor plazo posible. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/10/pensamos-trasladar-las-reservas-y-el-museo?fbclid=IwAR0BLeumswbpOU0SUiDx5_dlTWAXaCvZ9vKowRAm7w18J-nOCB52ZK_zof0
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El telégrafo, 29 de enero de 2020

El cierre del repositorio Aranjuez afecta a los estudiantes

Luis Fernando Fonseca
Los documentos que se relacionan con personajes históricos suelen ser valorados antes que el resto de archivos. Los documentos que se relacionan con personajes históricos suelen ser valorados antes que el resto de archivos. Cortesía / Traian Braulete MCyP La reserva del edificio no abrirá mientras no se haya realizado el traslado. Hay preocupación en la Escuela de Historia por las tesis en marcha. Noticias relacionadas Velasco: “Pensamos trasladar las reservas y el Museo Nacional” El día en que se cerró el edificio Aranjuez, Manaí Prado, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), estaba consultando varios archivos. Le pidieron que saliera y tuvo que interrumpir el trabajo que realiza para su tesis de grado. Allí está el Fondo Jacinto Jijón y Caamaño, que perteneció a Federico González Suárez. También está el Fondo Carlos Larrea, que incluye libros incunables, o tomos que fueron de Eugenio Espejo entre unas 5.000 piezas coloniales y una de las colecciones arqueológicas más grandes y antiguas del país. Luego de su cierre temporal, se analizaron cinco destinos posibles para las colecciones de arte y archivos que están en la edificación de La Mariscal. La sede de Unasur lleva la ventaja por su extensión (20.000 metros cuadrados), frente a la exembajada de Estados Unidos, la CCE, el CAC y hasta el BCE. Los costos del traslado de estos bienes ($ 500.000 en promedio según cálculos del Ministerio de Cultura y Patrimonio) ya estarían aprobados por el Ejecutivo, anunció el ministro Juan F. Velasco, quien le ha contado a este Diario que no hay un plazo definido para la mudanza ni una alternativa para que investigadores y ciudadanos accedan a la reserva, que tendría un millón de bienes bajo llave. Mientras los estudios continúan, vuelve a surgir la inquietud de los tesistas que buscan titularse en la única Escuela de pregrado en Historia del país, la de la PUCE. El representante estudiantil de la carrera, Jerónimo Corral, insiste en que al cerrar una fuente de conocimiento, “se está afectando a la memoria de forma real, no abstracta”. Y uno de sus docentes, Alejandro López, recuerda que “los archivos tienen que seguir creciendo y este lo ha hecho a partir de donaciones de rollos de pianola, fotografías, archivos de audio”. (I) La preocupación en la academia Sofía Luzuriaga Jaramillo, docente – Escuela de Historia – PUCE “La Coalición S.O.S. Patrimonio, conformada por diversos especialistas, actuaría como interlocutora con las distintas autoridades ministeriales”, explica la docente de la PUCE, Sofía Luzuriaga, que es parte del colectivo. Se trata de dejar de ser “reactivos” solamente, argumenta: dejar de reaccionar a coyunturas, peligros inminentes como esta vez. “Esto es una oportunidad para pensar en políticas públicas de la memoria, que permitan trascender una coyuntura y poder valorar, potenciar lo que significa el pasado ahora”. Historiadores, museógrafos, archiveros y arqueólogos están a la expectativa de la forma en que se gestione el traslado de la reserva. “Somos toda una comunidad transhumante que va a lo archivos y repositorios, y el acceso es una necesidad social, pública”, dice. Hay que tomar en cuenta criterios técnicos, por ejemplo, el peso que tienen los archivos. Y cuestiones como la conservación de las colecciones y documentos, la cual requiere presupuestos y decisiones a largo plazo que se pueden prever desde las políticas públicas enunciadas. “Nuestros estudiantes han colaborado con la catalogación en archivos del MCyP. Esa es una forma de ordenar esa información, con registros de fuentes que ya se pueden publicar. (O) Jerónimo Corral, Asociación de estudiantes de Historia El cierre del edificio Aranjuez es una suerte de “problema invisible”, aunque afecta a estudiantes e investigadores. La pérdida de documentos-fetiche, que constituyen una anécdota en sí (como parte del Testamento de Eugenio Espejo, extraviada en el Archivo Nacional) son solo una pequeña parte de lo que representan los repositorios, considera el Presidente de la Asociación de Estudiantes de Historia de la PUCE. Hay quienes están cursando el octavo semestre de la carrera, con tesis en proceso de elaboración y requieren acceder a los fondos del edificio Aranjuez pero no hay forma de que lo logren hasta que no se haga el traslado de los archivos, según el MCyP, encargado del tema. Un tesista, por ejemplo, trata la “Devoción a la Virgen María como madre de la Iglesia católica en la construcción de una religiosidad laica durante el periodo 1870-1890”. Otra estudiante trabaja sobre Antonia Jijón y, otro, sobre la presencia de jamaiquinos en la construcción del ferrocarril. Todos con amplias fuentes en los fondos que continúan en el repositorio cerrado, recuerda Corral. “El estudiante de historia de pregrado ve bloqueado el acceso y eso puede provocar que no tenga título, en un entorno duro, en el cual se requiere el título para despegar con su carrera”. (O) Alejandro López, docente de la Escuela de Historia-PUCE El Fondo arqueológico, el bibliográfico de Ciencias humanas y las reservas de Arte moderno y contemporáneo además de colonial fueron declaradas Colección Nacional. Partiendo de ese principio, el docente de historia Alejandro López habla de una necesidad social de valorar este repositorio, “para que no se convierta en un espacio solo para intelectuales, investigadores, pues estas actividades constituyen más que un proceso de descubrimiento de cosas raras, minucias, anécdotas”. Objetos como el pasaporte de Alexander von Humboldt o el Testamento del hijo de Atahualpa −Elauki− (ambos están en el Archivo Histórico del MCyP), han sido puestos en valor pero solo son una parte de todo lo que albergan los archivos. “De todas las reflexiones sobre el presente que pueden suscitar, como sociedad debemos pensar cómo estamos gestionando nuestro pasado”, dice el especialista. El patrimonio suele protegerse por ser ‘original’, pero los otros patrimonios, vivos, que cambian a lo largo del tiempo también configuran el pasado, “que está minusvalorado”. Hay que hacer un esfuerzo colectivo para dejar de pensar que estos temas solo son cosa de historiadores y archiveros y empezar a comprender su importancia real, en la memoria. (O)

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¡Emergencia en Min. Cultura!

Alexandra Kennedy-Troya

El Comercio, Jueves 16 de enero 2020

En diciembre pasado se evacúa al personal que labora en el Edificio Aranjuez (Reina Victoria y Washington). Se lo hace sigilosamente, los funcionarios deben callar (como siempre). El edificio tiene un problema estructural gravísimo; un sismo de mediana intensidad podría derribarlo. Dentro se encuentran las colecciones de arqueología, arte, documentación, fotografía y audiovisuales históricos más importantes del país. Miles de objetos en riesgo inminente. Es la reserva patrimonial nacional heredada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Banco Central del Ecuador. Este problema fue advertido en el 2012 -8 años atrás-. Las filtraciones eran severas. En el 2016 después del terremoto de abril (epicentro en Pedernales), se contrató una consultoría sobre del estado de la edificación a la Escuela Politécnica (por un USD 90.000). El informe es alarmante; este necesitaba urgentemente un refuerzo estructural cuyo costo era entonces y lo es ahora, millonario. Entonces…silencio. El edificio maltrecho no resiste más el peso de las colecciones. Cuatro años más tarde, para salvaguardar la seguridad del personal, en estos días se cierran las puertas del archivo histórico con documentos fechados desde el siglo XVI; una colección fotográfica invalorable sobre los acontecimientos relevantes desde 1870; una colección audiovisual que incluye la historia de la música de más de un siglo; 40.000 piezas de arqueología que registran 8.000 años de historia; 5.000 bienes coloniales, republicanos, modernos y contemporáneos. Se clausura la mejor y más completa fuente de consulta de historiadores, antropólogos, etnógrafos, geógrafos, historiadores del arte, etc. En vista de ello, el 20 de diciembre un colectivo de historiadores envía un comunicado al Ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Un mes después. Nuevamente: silencio administrativo. Vergonzoso, por decir lo menos. No existe ni una declaración, un plan de contingencia, una respuesta. Por rumores se conoce que esta reserva podría ser trasladada a Unasur, en la Mitad del Mundo. Acceso restringido, cuando lo que se necesita es la activación de estos fondos, que sirvan para la construcción de la memoria del país, que estén a mano de quienes trabajamos en ello. Historiadores reunidos en la Universidad Andina lanzan ideas a tener en cuenta: usar la ex embajada de Estados Unidos (Patria y 12 de Octubre) o el ex comisariato del Ejército (Av. La prensa). Que los militares que conocen de ello efectúen la movilización segura de los bienes, una vez decidido el lugar. Que paralelamente se gestionen los fondos económicos necesarios de manera urgente, a nivel nacional e internacional. Demandamos, señor Ministro, una respuesta urgente, frontal y firme. No podemos esperar ni un día más.

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Juicio político a Raúl Pérez Torres Asamblea Nacional enero 2020

El Telégrafo
Cultura

La Asamblea Nacional no censuró a Pérez Torres

15 de enero de 2020
Pérez Torres inició su defensa hablando de su trayectoria en la literatura.
El exministro de cultura y patrimonio ejerció su derecho a la defensa en el pleno del legislativo ante 82 asambleístas. No hubo réplica porque se ausentó por una “cita médica”. El juicio aún no se ha archivado.

“No soy un político profesional”, señaló en una parte de su defensa el exministro de cultura y patrimonio Raúl Pérez Torres (Quito, 1941). “No pertenezco a ningún partido político”, insistió en la Asamblea Nacional, este miércoles 15 de enero de 2020, durante el inicio del primer juicio político contra un funcionario de la Cartera de Estado que encabezó entre mayo de 2017 y junio del año pasado. Los asambleístas Lira Villalva y Juan Cristóbal Lloret habían propuesto el llamado a juicio luego de un proceso que incluyó una comparecencia del exfuncionario (26 de junio de 2019), en la cual ratificó lo que había acordado en una de las Juntas Plenarias (21 de junio de 2017) de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE): considerar “inconstitucional e ilegal el reglamento general de la Ley Orgánica de Cultura (LOC)”, en la que está dispuesta la fórmula para asignar fondos para los 24 Núcleos provinciales de esta institución. Durante esa comparecencia −frente a la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea−, el exministro dijo: “decidimos no hacer caso del reglamento, ver la posibilidad de que se haga uno nuevo”. Pero el organismo que declara la inconstitucionalidad de un reglamento no es la CCE ni el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP), recordó Lloret hoy, sino la Corte Constitucional. Para Pérez Torres, la formula de distribución ya estaba definida, “no es reponsabilidad del MCyP, sino que le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas”. Pero fue una omisión del exfuncionario, frente a una petición de este último ministerio, la que habría originado la asignación, según los parlamentarios citados. Lo que se le pidió (según informe de Finanzas publicado el 16 de febrero de 2018) fue que “remita la fórmula de distribución de recursos (…); al no recibir contestación del representante que encabeza el Sistema Nacional de Cultura, la asignación presupuestaria se realizó con base a las directrices de 2017”. Raúl Pérez Torres – Sesión 650 En el Informe del Legislativo sobre de Pérez Torres −elaborado por la Comisión citada− se califica su gestión de “centralista e inequitativa”, puesto que más del 50 % de los recursos se concentran en la Sede Nacional de la CCE. “Alegar el incumplimiento de una norma constitucional dirigida a todo el Estado, tratando de singularizar la responsabilidad de un solo funcionario crea un escenario de incertidumbre, de ingobernabilidad para el futuro”, señaló el exministro, que aseguró haber sido convocado al juicio el 13 de enero de 2020, por lo cual no pudo cancelar una “cita médica para hoy”, que le impidió continuar en el pleno y ejercer su derecho a la réplica. En su intervención, Villava reiteró que el escritor “hizo caso omiso al mandato” de la LOC a través de su reglamento, “sobreponiéndose a la jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico”. El 30 de junio de 2017 el extitular del MCyP solicitó (Oficio 171602) a la Presidencia que derogue el Reglamento de la LOC. Pero no hay registro de que le hayan respondido. En la moción de censura presentara por Villalva (Oficio 2020-003) se resuelve que se remita el expendiente del juicio al Ministerio de Trabajo debido a los señalamientos de inequidad en cuanto a la asignación de fondos; además, que la Contraloría General del Estado también observe el manejo de esos recursos públicos en cuestión. En el Pleno estuvieron presentes 82 asambleístas (de 137) y los resultados de la votación fueron: 50 a favor de la solicitud de censura; 22 abstenciones. No hubo votos en contra. El Presidente de la Asamblea, César Litardo, clausuró el juicio en esta jornada, pero los asesores de Lloret y Villava consultados por este diario no descartan que se vuelva a considerar a través de una nueva votación en la próxima sesión del pleno, el 21 de enero de 2020. (I)

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¡Qué difícil es arrancar del poder a quienes se creen dueños de la verdad y la cultura!

Hace algunos años, la creación de la Ley de Cultura supuso un proceso de diálogo y trabajo compartido entre legisladores, actores y gestores culturales para darle sustento y materializar con prácticas, recursos y políticas públicas el concepto de derechos culturales.

Nuestro trabajo no terminó en ese momento, sino que continúa con el ejercicio y la defensa de estos derechos.

Toda vulneración a esta Ley viola también la voz y el trabajo de cada artista, productor o gestor cultural del país y, en consecuencia, de todos los que habitamos el Ecuador.

El resultado de hoy en la Asamblea Nacional, pese a las contundentes conclusiones de la Comisión de Fiscalización y Control Político, supone simbólicamente desconocer la voz de los miles de actores culturales del Ecuador, desamparados ante el accionar negligente e ilegal de cualquier servidor público, ya sea de uno municipal, provincial, nacional o de cualquier otra institución que esté al servicio de todas y todos.

La Ley admite reconsiderar el resultado de hoy en la próxima sesión de la Asamblea Nacional, por eso, este momento vital llama a la reflexión sobre los resultados fácticos y simbólicos de esta y la próxima votación. Me pregunto si los asambleistas ausentes también consideraron “surrealista” (como lo dijo Pérez Torres) el futuro de la cultura del país; casi tan surreal como renunciar al derecho a la réplica “por orden médica”, o decidir la inconstitucionalidad de una Ley constitucional. ¿Cuántas otras certezas infundadas seguirán afectando a los ecuatorianos?

A pesar de todo, este es el momento de la verdad, hemos logrado sentar un precedente histórico: en la Asamblea Nacional del Ecuador se habla de derechos culturales. Este es un firme pronunciamiento frente a los privilegios de un sector de la cultura que ha echado raíces profundas y al que le resulta casi imposible entender la labor democratizadora de una nueva generación. Tal parece que la sensibilidad, que en otro tiempo les inspiró, hoy se ha sedimentado y fermentado, y les empuja a una conveniente inacción.

Es tiempo de mirar la importancia del sector cultural y hacer presencia en todos los espacios en los que hemos sido históricamente invisibles e invisibilizados, incluso en el discurso y el accionar de cada uno de los asambleistas que no estaban presentes al momento de votar o los que simplemente se abstuvieron de hacerlo. ¿Es esta es la forma de cerrar el primer capítulo de una nueva historia para la cultura del país?

Señores y señoras asambleistas, les invito a mirar las implicaciones de su ausencia o de su silencio cómplice, los hechos son evidentes. ¡Que ninguna vulneración de un derecho constitucional quede impune!

Se va a reconsiderar la votación, vigilantes todos.

#JuicioPolíticoRaúlPérez
#MiCulturaMiDerecho

El Telégrafo

Cultura Raúl Pérez Torres enfrenta juicio político en la Asamblea Nacional

15 de enero de 2020
Raúl Pérez Torres fue ministro de Cultura y Patrimonio entre mayo de 2017 y junio de 2019.

El exministro de Cultura y Patrimonio ha sido señalado por inequidad en la distribución de fondos para la Sede nacional y Núcleos provinciales de la CCE. Su defensa en el pleno iniciará a las 14:00. Siete meses después de que el escritor Raúl Pérez Torres (Quito, 1941) renunció al Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) enfrentará un juicio político, la tarde de este miércoles 15 de enero de 2020, en el Pleno de la Asamblea Nacional. El motivo principal es que el exfuncionario habría realizado la asignación del presupuesto para la Sede Nacional y los Núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), pese a que la Ley Orgánica de Cultura −aprobada en 2017− determina que el MCyP debe limitarse a realizar las políticas públicas para el sector. Una gestión que todavía está pendiente. En su comparecencia del 26 de junio de 2019, en la Asamblea, Pérez Torres admitió que el reglamento de la ley citada establece la forma de distribuir recursos entre los núcleos, pero que eso derivaría en una “antinomia” si para ello también se creaba un acuerdo ministerial, “por ese motivo hemos propuesto −a la Presidencia− una reforma al reglamento”, dijo. La distribución, adicionalmente, ha sido señalada por “inequitativa y centralista”, pues más del 50 % de los recursos se concentran en la Sede de la CCE −que preside Camilo Restrepo, un excolaborador de Pérez−, lo cual ha generado la protesta de varios núcleos de la institución que fundó Benjamín Carrión en 1941. Además de un estado de crisis en algunas ciudades del país. En octubre de 2019, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) aprobó el juicio político contra el escritor, que presidió la CCE hasta 2017, y que estuvo al frente del MCyP durante poco más de dos años. Hace dos meses, la mesa de Fiscalización de la Asamblea −con unanimidad de los nueve legisladores− recomendó al Pleno que proceda con el juicio propuesto por los asambleístas Lira Villalva y Juan Cristóbal Lloret. Los parlamentarios tomaron en cuenta las conclusiones del informe sobre su primera comparecencia, en el cual se señala que “la inequidad en la distribución de los recursos atentaría contra el derecho de los ecuatorianos de acceso a la cultura y de los gestores culturales, e impediría un adecuado mantenimiento de la infraestructura administrativa y patrimonial de las provincias”. El proceso del juicio político La convocatoria al juicio está prevista para las 14:00 de este miércoles 15 de enero de 2020. Raúl Pérez Torres ejercerá su derecho a la defensa por el lapso máximo de tres horas, según el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Luego los asambleístas interpelantes tendrán dos horas para ejercer su función, antes de que el exfuncionario los replique, para lo cual tendrá una hora adicional. César Litardo, presidente de la Asamblea, declarará abierto el debate en ausencia del enjuiciado, con intervención de los asambleístas, de diez minutos cada una. De no presentarse al término del debate una moción de censura, se archivará la solicitud. En caso contrario (artículo 131 de la Constitución) se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del parlamento, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura. Es decir, las dos terceras partes, conforme lo determina el artículo 84 del articulado que norma la Función Legislativa. (I)

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ANAE juicio politica RPT

 

 

 

 

El Telégrafo
Cultura

El Ministro de Cultura saliente autorizó el derrocamiento de El Cafetal

25 de junio de 2019
Hace más de un año, Raúl Pérez Torres firmó un convenio con Jaime Nebot para que la Alcaldía de Guayaquil intervenga en el bien inmueble, que había sido declarado patrimonio cultural en 1990.

Una columna de El Cafetal (calles Imbabura y Panamá) se cayó la madrugada del 8 de agosto de 2017 provocando un conflicto institucional. Se trata de la única casa cacaotera que queda como registro del segundo boom cacaotero en Guayaquil, por lo cual varios colectivos sociales, el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) y el Instituto Nacional de Patrimonio (INPC) se pusieron a discutir sobre preservación patrimonial con el Municipio. El INPC recomendó hacer un diagnóstico técnico para determinar cuál es la situación del edificio y, en función de eso, intervenirlo. Pero el Consejo Cantonal, con Jaime Nebot Saadi como Alcalde, y el ministro de Cultura saliente, Raúl Pérez Torres, llegaron a un acuerdo: desmontar y reconstruir una réplica. Eso le habrían comunicado a Luis Mueckay, director regional del Instituto encargado de estos bienes ocho meses después de la caída de la columna. El 20 de abril de 2018, Nebot y Pérez Torres firmaron un convenio interinstitucional en el que se tiene como antecedente la “Ordenanza que norma los programas de regeneración urbana de la ciudad de Guayaquil” (RO 735, art. 1) y que comprende la “reparación, mejoramiento, restauración y mantenimiento posterior de los edificios de la ciudad”. Según declaraciones de Nebot, desmontar el bien “solucionaría un tema de contravención de una casa vetusta que no podía ser rehabilitada”. Y eso se hizo después de pasar un tiempo sin cubierta y sin ningún tipo de proyecto de intervención, como indicó el INPC, aunque el plan es que se haga una réplica de hormigón con lo poco que quedó de la original. El proyecto de la Alcaldía se denominó “Teatrino” y, según el convenio citado, está a cargo de la Fundación Municipal Guayaquil Siglo XXI a partir de una proforma presupuestaria (inicialmente de casi $ 800 mil) hecha por su Gerente general en octubre de 2015, Wilfrido Matamoros Morla. El Cafetal fue declarado patrimonio cultural en 1990 y, para su conservación, Pérez Torres recomendó (a través del oficio No. MCYP-MCYP-17-1205-O, con fecha 13 de octubre de 2017) que se desarrolle “un proyecto de rehabilitación integral que permita el resacate de la edificación y su refuncionamiento que lo ponga en valor y uso social al servicio de la comunidad (sic), como recomienda el INPC”. Esta autorización incluiría —según un documento al que accedió este diario— el demontaje y conservación de la fachada original; la sustitución del sistema constructivo en madera por estructura metálica y “a nivel de soportal”, la mantención de la “estructura de madera y la quincha de la fachada de la planta alta”. El inmueble fue expropiado y recibido por el Municipio en 2015 “en estado crítico” debido a los movimientos sísmicos, declararon los arquitectos José Miguel Rubio (Director de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial) y Carlos Borja Balda (Jefe de Ordenamiento Territorial). Aunque no se ha hecho público, el estudio de valoración patrimonial de El Cafetal (levantamiento arquitectónico, diagnóstico, análisis e interpretación), el convenio dispone que el proceso de desmontaje cuente con la “supervisión del INPC-R5”. La construcción del “Teatrino”, en el lugar El Cafetal, ya es competencia de la Alcaldía de Cynthia Viteri. (I) Lectura estimada: 3 minutos Contiene: 516 palabras Visitas: 2596 Tags: Ministerio de cultura el cafetal Enlace corto:

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Raúl Pérez Torres, mejor escritor que ministro.