Comparecencia a Asamblea Nacional MCYP, CCE e INPC 25 de junio 2019

 

https://lahora.com.ec/carchi/noticia/1102254074/una-retirada-demorosa

Una retirada demorosa

00:10 – Por Diego Cazar Baquero

Diego Cazar Baquero

La retirada de una generación que creyó dirigir al sector cultural como si se tratara de su hacienda tarda ya varios años. El pasado miércoles, en la Asamblea Nacional, comparecieron el saliente ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Los dos demostraron que su agenda no vela por el sector cultural sino por el feudo que ha sido durante décadas esa institución. A sus espaldas, un grupo de artistas mostraba carteles: “Más arte, menos burocracia”, “El teatro es mi profesión, es mi trabajo”. Y desde el final de la mesa, los directores de los núcleos de Manabí, Azuay y Tungurahua denunciaron que “la Sede Nacional sigue acaparando los recursos”, que se ha puesto “el patrimonio en riesgo”, y que se ha violado la Ley.

Pérez dijo que eso no le compete al Ministerio que él comandó. El segundo, mediante la mohosa perorata que alude al “amor por la patria” y a los “hombres de cultura”, exhibió un oficio del Ministerio de Economía y Finanzas en el que se había solicitado a Cultura la fórmula para asignar recursos. Pero, “al no recibir contestación alguna sobre los criterios técnicos”, los fijaron según las directrices para diseñar la reforma presupuestaria 2018. ¿Restrepo arrojó a su amigo Pérez a la cueva de los osos?

En la Ley y en el Reglamento hay una fórmula que –nos guste o no– debió cumplirse. Pero Pérez no la quiso acatar. Restrepo se quejó de que a la Casa le quitaron “ese nombre mágico, histórico de matriz, madre, útero” para que pase a ser “un órgano” del Ministerio. Dijo que “los Ruacs”, como llama a los inscritos, “son personas ajenas a la institución que podrían ser dirigentes a nivel nacional, como son lamentablemente los tres compañeros que están aquí presentes”.

Todo quedó claro: Pérez no llegó al Ministerio para ser ministro, sino para recuperar su hacienda. La misión de los dos amigos no tiene que ver con el sector cultural sino con su anacrónica forma de entenderlo.
diegocazarbaquero@gmail.com

 

 

 

https://www.expreso.ec/actualidad/sede-casa-cultura-emergencia-ley-GN2960392?fbclid=IwAR3x5g46sA0mYO8hh-8wio5zzEKpobXRo38l4hbJRnCuWD1WZvd5uOje2wU

 

Las sedes de la Casa de la Cultura, en terapia intensiva

Tres núcleos se declaran en emergencia por falta de recursos. Los directivos indican que la Sede Nacional incumplió la ley. Piden un examen a la Contraloría.

08 jul 2019 / 00:01

 

Cuando tomó la palabra durante su último día de gestión, el ahora exministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres no estaba ni preocupado ni contrito. Todo lo contrario. Sentado ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, fue conciso y claro. No, el reglamento de la Ley Orgánica de Cultura no se aplicó. ¿Por qué? Porque ni a él ni al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (CCE), Camilo Restrepo, les gustaba.

“Yo he peleado en contra de ese reglamento que sacaron el último día del gobierno anterior. Nosotros habíamos decidido no hacer caso a ese reglamento (…) Propusimos una reforma, que no ha sido atendida por la oficina jurídica de la Presidencia de la República”, subrayó.

El trasfondo del conflicto salió a la luz a inicios de junio, cuando el director de la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay, Martín Sánchez, interpuso una acción de protección contra la sede nacional de la entidad. Tenía a su cargo tres edificios, entre ellos un museo que llevaba un año cerrado, y poquísimo dinero para continuar atendiendo o ejecutando eventos. Su pedido era sencillo: que se transfieran los recursos tal como dice la ley.

De acuerdo con el reglamento, vigente desde 2017, la repartición de los recursos que reciben anualmente los núcleos de la CCE se debía calcular según parámetros como la población de la provincia, la cantidad de artistas inscritos en el RUAT, la cantidad de inmuebles que regentan, lo que generan por autogestión y la eficiencia administrativa. Los costos de mantener la sede, cuya única función es supervisar a los núcleos, debían ser asumidos por estos.

Sin embargo, tanto este año como el anterior, ha sido la matriz la que ha mantenido el control del dinero y la que lo ha repartido a los entes provinciales. El 51,4 % de los cerca de $ 15 millones que recibió la CCE este año se quedaron ahí y en la sede de Pichincha. El resto de esa cifra (48,3 %) se dividió entre los 23 núcleos.

Es decir, mientras que en la matriz de Quito y su núcleo provincial 320 personas organizan talleres, mantienen los museos y ejecutan eventos y exposiciones a nivel nacional, otras 300 se reparten estas mismas funciones, incluso con dos y tres edificios a su cargo.

La acción judicial de Sánchez visibilizó un problema que no era exclusivo de Azuay. Fidel Intriago, director del Núcleo Manabí, indicó que tenía un cine y un teatro con problemas estructurales, extensiones en tres cantones que a duras penas funcionaban y dificultades pagando los servicios básicos. Fernando Cerón, de Tungurahua, contó que la pinacoteca está en emergencia porque sus cuadros se han llenado de hongos y no tienen dinero para restaurarlos. Fernando Naranjo, de Guayas, habló sobre demoras en la ejecución de proyectos. “Nuestra obligación es llevar la cultura a los cantones, pero ni siquiera tenemos un carro para movilizarnos. La solución ha sido pedir ayuda a los municipios. Y una vez ahí, los gestores trabajan por voluntad, no podemos pagarles”, explicó.

En su intervención, Restrepo, presidente de la CCE, reiteró su desacuerdo con la ley. “El Reglamento deja sin un solo centavo a la Sede Nacional y son los núcleos los que voluntariamente le tienen que dar para el funcionamiento de su Matriz. No podemos funcionar así. El ministro concordó, el reglamento es inaplicable”.

No hay soluciones, pero sí pedidos. Los legisladores solicitaron la intervención de la Contraloría General del Estado para determinar qué uso se ha dado a los recursos. Otros hablaron de juicio político. “No se puede simplemente derogar una norma y dejar sin una alternativa de aplicación una ley que está vigente en el país”, argumentó Lira Villalba (Revolución Ciudadana).

Días después, el nuevo ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, dijo en una entrevista que tratará de “estar pegado a lo que dice la ley”, pero añadió que “los reglamentos no se pueden construir desde el escritorio sino con consensos”.

Manabí

“No podemos pagar los servicios básicos”

“En Manabí la situación es crítica”, dijo Fidel Intriago, director del núcleo. Señaló que tampoco se ha invertido dinero del Fondo de la Reconstrucción en reparar la infraestructura cultural dañada. Tienen tan solo $ 60.000 para ejecutar proyectos. El resto de los $ 451.748 que reciben se va en pagar sueldos y mantener los edificios que tienen en cuatro cantones. “Mandamos un pedido a la Sede Nacional porque ni siquiera nos alcanza para cubrir los servicios básicos para terminar el año”. AG

Azuay

“Hay un solo conserje para tres edificios”

n Desde hace más de un año, el museo Manuel Agustín Landívar permanece cerrado. Esto porque el Núcleo del Azuay no tiene ni el presupuesto ni el personal para atenderlo. De acuerdo con Martín Sánchez, presidente de la institución, el presupuesto anual, que es de
$ 693.000, a duras penas alcanza para cancelar sueldos y ejecutar proyectos. “Tengo una persona en nómina y un conserje para atender tres edificios. Exigimos que la ley se cumpla como está establecida en el reglamento”. JM

 

Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en el sitio web www.expreso.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial queda prohibida.

Cultura Asambleístas piden auditoría para sede de Casa de la Cultura Redacción Cultura – 23 de julio de 2019 – 00:00 La Junta Plenaria de la CCE ratificó que ocho Núcleos provinciales recibirán $ 160.000 para financiar actividades vinculadas con el proyecto “Camino a Loja”. La Junta Plenaria de la CCE ratificó que ocho Núcleos provinciales recibirán $ 160.000 para financiar actividades vinculadas con el proyecto “Camino a Loja”. Foto: cortesía Casa de la Cultura En la Asamblea Nacional aún se analiza si el exministro de cultura y patrimonio, Raúl Pérez Torres, será llamado a juicio político. Esto luego de que el escritor admitiera, el 26 de junio pasado, que no había cumplido el Reglamento de la Ley Orgánica de Cultura aprobada en 2016. Según Pérez Torres, él ni el presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura (CCE), Camilo Restrepo, están de acuerdo con ese reglamento. Por eso enviaron una propuesta de reforma, que no tuvo respuesta del Ejecutivo. Lo que se incumplió fue la forma de distribución de los recursos de la CCE entre los 24 Núcleos provinciales de esta entidad. Según el reglamento, la Sede debe supervisar lo que hagan los núcleos y recibir de estos su financiamiento. En lugar de eso, la antes llamada “Matriz” asignó los fondos y, de los casi $ 16 millones de presupuesto para 2019, el 51,4% se destinó a la casona y al Núcleo de Pichincha. La comparecencia de Pérez y Restrepo se dio ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea. Hasta el lunes 22 de julio de 2019, el informe final —que requiere información del Ministerio de Finanzas— no estaba listo. El Ministro de Cultura es sujeto de control político de la Asamblea, explicó María de Lourdes Cuesta, una de las legisladoras que pidió que el informe —en el que se incluye a la CCE como ente ejecutor de la cultura— se remita a la Contraloría General del Estado para su examen. La semana pasada, Restrepo convocó a Junta Plenaria de la CCE. Según un comunicado de esta entidad, resolvió “ratificarse en que la Sede Nacional debe tener su propio presupuesto”. El respaldo a esta moción habría sido de 19 de los 21 presentes en la sesión (tres ausentes), que representan a sus núcleos. “También se aprobó la participación de la institución en el Proyecto ‘Arte para Todos’, impulsado por la Presidencia de la República”, indica el documento de la sede. Los representantes de Núcleos que manifestaron tener graves problemas de presupuesto son los de Azuay, Tungurahua y Manabí. (I)

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Juicio político contra Raúl Pérez Torres pasará al Pleno de la Asamblea

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13 de noviembre de 2019 19:41 Juicio político contra Raúl Pérez Torres pasará al Pleno de la Asamblea 279 La Comisión de Fiscalización dio paso al juicio político en contra del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. Foto: Cortesía Reunión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Foto: Cortesía valore Indignado 0 Triste 0 Indiferente 0 Sorprendido 0 Contento 2 Daniel Romero LEA TAMBIÉN La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, dio paso hoy, miércoles 13 de noviembre del 2019, al juicio político en contra del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. Su suerte se discutirá en el Pleno de la Asamblea. Nueve votos a favor dieron paso a esta interpelación. La solicitud de juicio político la presentaron los legisladores del bloque de la denominada Revolución Ciudadana Lira Villalba y Cristóbal Lloret. El pedido tuvo el respaldo de 35 firmas. El argumento para la interpelación es un supuesto incumplimiento de funciones en relación a la obligación que tiene el Ministerio de Cultura y Patrimonio para definir el mecanismo de distribución y entrega de recursos a sus núcleos provinciales. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la solicitud el 22 de octubre pasado. La Comisión de Fiscalización deberá remitir el informe con la motivación para el juicio al presidente de la Asamblea, César Litardo. Con la recomendación de juicio, el presidente de la Asamblea tendrá que disponer la difusión del informe en el Legislativo. En un plazo de 48 horas después de la difusión hay otro plazo de cinco días para que se incorporen el orden del día para conocimiento del Pleno. Para la censura de Pérez Torres se requiere, según la Constitución, de las dos terceras partes del Pleno de la Asamblea. Es decir, de 92 votos.

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