La cultura en emergencia

La cultura en emergencia y la descortesía oficial

 

Por Gabriela Montalvo / @mgmontalvo

La mañana del 7 de agosto del 2019, 18 asociaciones y gremios de artistas y gestores culturales se convocaron a una marcha para demandar acciones concretas de parte del gobierno con respecto al denominado sector cultural. Esta es la segunda marcha en menos de tres meses que ocupa las calles y son los propios actores de este ámbito quienes han declarado a “La cultura en emergencia”.

En una reacción política tardía, el gobierno del presidente Lenín Moreno nombró al conocido músico Juan Fernando Velasco como su segundo Ministro de Cultura, queriendo demostrar un cambio de dirección con respecto a su antecesor, el escritor Raúl Pérez Torres. Y Velasco ha tenido que enfrentar de entrada los sinsabores de la gestión pública. El 18 de junio se realizó la primera marcha de artistas y gestores culturales, bajo el lema “La cultura en emergencia”, para exigir, entre otros puntos, condiciones dignas de trabajo, y el 24 de julio, el flamante funcionario estuvo en la Asamblea Nacional, para explicar sus primeras decisiones con respecto al Festival de Artes Vivas de Loja.

Durante estas semanas, no han parado de publicarse artículos y notas en varios medios de comunicación nacionales y los posts y comentarios en redes sociales han sido constantes e insistentes. Esas expresiones, manifiestas en las dos marchas masivas, son algunas de las acciones que evidencian el malestar y el descontento no solo de quienes dedican su vida a actividades artísticas y culturales, sino de toda la población con respecto a la cuestionada política cultural de los dos últimos gobiernos.

Este video, producido por el cineasta documentalista Pocho Álvarez, sirvió como una de las piezas de convocatoria en redes sociales a la marcha del 7 de agosto bao el lema “La cultura en emergencia”.

Los mensajes oficiales

A pesar de que las primeras acciones de Velasco –principalmente la revisión al presupuesto y el manejo del Festival de Loja, la convocatoria para un nuevo concurso público para nombrar al Director Ejecutivo del IFAIC, el nombramiento de María Fernanda Ampuero, joven y reconocida escritora como nueva gerenta del Plan Nacional de Lectura y la concreción de la firma del Decreto Ejecutivo que establece tarifa IVA cero para 10 servicios culturales– han enviado un mensaje que muchos han considerado refrescante e incluso alentador, los artistas y gestores culturales todavía desconfían profundamente del gobierno y de su mirada hacia al sector cultural.

La cultura en emergencia
Mientras la marcha de actores y gestores culturales era recibida por la Comisión de educación y Cultura de la Asamblea nacional, el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, presentó su Plan Integral de Incentivos  y Fomento a la Economía Naranja, ‘Ecuador Creativo’, en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Itchimbía, con la presencia del presidente Lenín Moreno. Foto: Cortesía Eduardo Varas.

Si bien las marchas del 18 de junio y la del 7 de agosto tienen demandas específicas, los actores culturales han reclamado por años la definición explícita de una agenda de política cultural. Sin embargo, con una clara maniobra política, el gobierno empieza a dar respuesta a este requerimiento y anunció, justamente para el 7 de agosto, el lanzamiento de su “Plan Integral de Incentivos y Fomento a la Economía Naranja ‘Ecuador Creativo’” en las instalaciones del Palacio de Cristal del Parque Itchimbía, a las 11:30. Exactamente una hora más tarde que la señalada para iniciar la marcha, frente al Ministerio de Cultura.

Estas acciones por parte del ente rector envían algunos mensajes:

Primero, que el solo hecho de que el Ministerio de Cultura anuncie un plan constituye una ruptura con administraciones anteriores, que operaron más bien al ritmo de la coyuntura política.

Segundo, la visión de Velasco está ligada al enfoque de la llamada “Economía Naranja” (la misma invitación institucional incluye este término) y al desarrollo de las industrias culturales y creativas.

La cultura en emergencia
Mientras el sector proclama: “La cultura en emergencia”, el gobierno convoca a la presentación de un Plan que inserta la economía naranja en la gestión del Ministerio de Cultura.

No obstante, es claro que aunque la intención del nuevo ministro sea la de renovar y dialogar, al gobierno todavía le falta un buen trecho para dar señales de querer saldar la deuda integral con la cultura. Dos de las demandas de la marcha del 7A son que la Dirección de Gestión Cultural que funciona en la Presidencia de la República, y que está encargada del Proyecto Arte para Todos, pase a ser parte del Sistema Nacional de Cultura y que se abran los presupuestos públicos de cultura para un análisis y revisión junto a la ciudadanía. Responder a estos legítimos requerimientos ciudadanos que tienen que ver con las obligaciones de transparencia, participación y elemental cumplimiento de la propia Ley, constituyen los verdaderos desafíos del gobierno para probar cuál es su interés real en el ámbito cultural.

La primera conquista en este sentido es haber logrado la aprobación d ela solicitud de juicio político en contra del exministro Raúl Pérez Torres, que ocurrió como colofón de la marcha de este 7 de agosto. Quedó la duda, sin embargo, de si se oficializará la insinuación de que el programa Arte para todos pase a ser parte del Sistema nacional de cultura bajo la rectoría del Ministerio.

Por lo demás, resulta absolutamente contradictorio que se pretenda lanzar un plan de incentivos a la Economía Naranja, enfoque que tiene como uno de sus principales ejes el de la información, específicamente el de la información macroeconómica sobre el quehacer cultural, cuando se anuncia al mismo tiempo la suspensión de la publicación de las cuentas nacionales por parte del Banco Central.

El manejo político del gobierno en el ámbito cultural no parece ser inofensivo: planificar un evento oficial para la misma fecha y hora en la que está convocada la marcha ciudadana aparece, por lo menos, como descortés.

En todo caso, es claro que la Cultura, el denominado sector cultural, ha entrado en la mira política del gobierno, lo cual implica un cambio de estatus en las prioridades de la gestión pública y se entiende que no puede ser minimizado.

Esperamos que el Plan anunciado, así como las acciones que ejecuta esta administración, sean parte de una verdadera política de gobierno que ponga al campo cultural como prioridad política y económica, y no constituyan un nuevo maltrato, no solo a artistas y gestores, sino a buena parte del equipo técnico y profesional del propio Ministerio, que se ha dedicado durante años a estudiar, investigar y trabajar sobre este tema.

 

 

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7 de agosto de 2019 15:33 La solicitud de juicio político contra el exministro Raúl Pérez Torres fue presentada en la Asamblea Nacional 1346 El Ministro de Cultura y Patrimonio añadió que luego de su charla el escritor Andrés Cadena habló sobre el relevo generacional y la nueva narrativa en Ecuador. Foto: Archivo/ EL COMERCIO. El exministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, podría enfrentar un juicio político. Foto: Archivo/ EL COMERCIO. valore Indignado 1 Triste 1 Indiferente 2 Sorprendido 0 Contento 5 Gabriel Flores LEA TAMBIÉN Con el apoyo de 35 firmas, de distintas bancadas, los asambleístas Lira Villalba y Cristóbal Lloret, de Revolución Ciudadana, presentaron hoy, 7 de agosto del 2019, una solicitud de juicio político en contra del exministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres. Villalba explicó que la solicitud del juicio al escritor responde al incumplimiento de funciones, en relación a la obligación que tiene el Ministerio de Cultura de definir el mecanismo de distribución y entrega de recursos a los núcleos de la Casa de la Cultura. “Desconoció el reglamento de la Ley de Cultura argumentando que era inconstitucional. Incumplió la ley, sus obligaciones establecidas en la ley y también en la Constitución”, explicó Villalba minutos antes de entregar la solicitud. La asambleísta también mencionó que esta información será parte de las conclusiones sobre el informe de la comparecencia que Pérez Torres tuvo en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el pasado 27 de junio del 2019. En esta reunión, el exministro dijo que desde su aprobación ha peleado en contra del reglamento de la Ley de Cultura. “Nosotros decidimos no hacer caso de ese reglamento y ver la posibilidad de que se apruebe uno nuevo que presentamos a Presidencia”, señaló Pérez Torres. El pedido, que fue presentado junto a decenas de actores y gestores culturales que participaron en una marcha que recorrió varias calles del norte y centro de Quito, deberá ser analizado por la unidad técnica legislativa y luego enviado para su calificación al CAL, consejo de administración de la Asamblea Nacional.

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Quito, 07 de agosto de 2019

Oficio No. -AN-00-2019

Ingeniero
César Litardo
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
En su despacho. –

De nuestra consideración:

Los Asambleístas suscriptores, que representamos más de una cuarta parte de la totalidad de miembros de la Asamblea Nacional, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 131 de la Constitución de la República, presentamos a Usted –en su calidad de Presidente de la Asamblea Nacional– la SOLICITUD DE ENJUICIAMIENTO POLÍTICO en contra del EXMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO, Raúl Pérez Torres, en los términos que a continuación señalamos:

Declaratoria sobre la veracidad de las firmas impuestas al pie de la solicitud:

Lira Villalva y Juan Cristóbal Lloret Valdivieso como proponentes y los abajo suscriptores, Asambleístas de la República de Ecuador, al tenor de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, declaramos que hemos suscrito este documento libre y voluntariamente, que nuestras firmas son verídicas y que nos corresponden, siendo efectivamente sus titulares.

Nombres completos y designación del lugar en el que deberán ser notificados los funcionarios públicos sujeto al enjuiciamiento político:

Esta solicitud de enjuiciamiento político la presentamos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 131 de la Constitución de la República, en contra del exMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO, Raúl Pérez Torres determinando su responsabilidad específica, a quien se le notificará en debida forma, una vez calificado el trámite de enjuiciamiento político, de conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la calle de Los Guarumos 448 y Avenida 6 de Diciembre, Conjunto Guarumos Casa 8, sector El Inca, en esta ciudad de Quito.

Sobre el juicio y la responsabilidad política en Ecuador:

De conformidad con los artículos 131 de la Constitución de la República y 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional puede proceder al enjuiciamiento político al EXMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO, Raúl Pérez Torres: por el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República y la ley, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Para proceder a la censura se requiere de las dos terceras partes de votos afirmativos de los miembros de la Asamblea Nacional y, la censura produce la inmediata destitución de la antedicha autoridad. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, debe disponerse que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.

De manera que, para que proceda el enjuiciamiento político en contra del EXMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO, Raúl Pérez Torres, se determinará responsabilidad específica, de acuerdo con los incumplimientos expuestos –en particular– de las funciones asignadas constitucional y legalmente en las que el antedicho funcionario ha incurrido durante el periodo de ejercicio de su cargo, a efecto de que este sea políticamente censurado.

No obstante, cabe realizar algunas precisiones a fin de esclarecer el alcance y finalidad de un juicio político, con el objeto de distinguir correctamente la responsabilidad política (sustancia del juicio de valor en el enjuiciamiento político) de la responsabilidad jurídica; de modo que, la falta de claridad conceptual no obnubile el razonamiento práctico y las conclusiones que pudiesen razonablemente obtenerse de las actuaciones hoy cuestionadas del EXMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO, Raúl Pérez Torres.

A dicho efecto, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fondo del Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, ha señalado que: “63. […] En un Estado de Derecho, el juicio político es una forma de control que ejerce el Poder Legislativo con respecto a los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como de otros órganos estatales. No obstante, este control no significa que exista una relación de subordinación entre el órgano controlador […] y el controlado […], sino que la finalidad de esta institución es someter a los altos funcionarios a un examen y decisión sobre sus actuaciones por parte de la representación popular.” Este criterio es vinculante en Ecuador por efecto del control de convencionalidad al que están abocados todas las autoridades públicas en aplicación del artículo 11 de la Constitución de la República.

Es de esta manera que el control que realiza el órgano legislativo en Ecuador tiene como fin determinar si las actuaciones de un funcionario público fueron legales y convenientes para los intereses públicos del país. Manuel Aragón, sobre el Control Político Parlamentario dice: “Este control está a cargo de sujetos u órganos políticos. No se trata de ninguna manera de un control jurisdiccional. No es acto de voluntad del parlamento como órgano que se impone, sino que se trata de actividades propias del Poder Legislativo y concreta: 1. Análisis de las actuaciones administrativas y a investigar las presuntas irregularidades; 2. Estudia además de la legalidad, la conveniencia e inconveniencia de las decisiones de la Administración; 3. Expide recomendaciones, para órgano el Pleno de la función y; 4. En caso de responsabilidad penal o civil, ordena a los órganos competentes se siga el proceso respectivo.”

De manera que, “la denominada responsabilidad política nace, pues, de la confianza que se deposita en alguien para que desempeñe funciones públicas, ya de representación, ya por designación. En cualquiera de los dos casos, la relación de confianza está en la base misma de la responsabilidad política, que no puede explicarse sin esa relación. En realidad, y en sustancia, la responsabilidad política no es sino la retirada de esa confianza que previamente se había depositado.”

Por lo que, sin duda, “la distinción entre responsabilidad jurídica y responsabilidad política es, en principio, nítida: la responsabilidad política no se cierne sobre conductas ilícitas, sino lícitas; no descansa sobre criterios de legalidad, sino de oportunidad y, en suma, «no persigue castigar al culpable o asegurar la reparación de un daño, sino ratificar la idea de que los gobernantes están al servicio de los gobernados».” En la práctica es mucho más complejo visualizar dicha nitidez.

En cuyo caso, “la responsabilidad política no es, en sustancia, más que la retirada de la confianza que se otorgó a alguien para ejercer funciones públicas, retirada de confianza que apareja la pérdida del cargo público que se ocupaba. Por eso mismo, la responsabilidad política está completamente desligada de la responsabilidad jurídica por daño o falta. Faget de Baure lo explicó muy bien en el debate de elaboración de la Carta de la Primera Restauración francesa: «También con buenas intenciones y con las manos limpias se puede ser un pésimo ministro».” Por lo que, “la responsabilidad política es en realidad, pues, un útil invento para evitar la enojosa alternativa de tener que seguir soportando a un incompetente o, en caso contrario, no tener otra salida que encarcelarle. Su fin es, por tanto, desembarazarse del político indeseado, cualesquiera que sean las causas, sin más trauma que ese, el de prescindir de él.”

La Constitución de la República de Ecuador no es ajena a tales acepciones conceptuales. La misma declara con claridad que la Asamblea Nacional tiene la atribución –y el deber– de fiscalizar todas las actuaciones de los funcionarios públicos del más alto nivel. De ahí la noción constitucional del juicio político configurado en el artículo 131 anteriormente referido; el cual se encuentra debidamente desarrollado en los artículos 78 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

De manera que, la responsabilidad política en nuestro país se deriva de las desviaciones o arbitrariedades que se cometen en el desempeño de las funciones para las cuales el funcionario público fue elegido o designado. El profesor Hernán Salgado Pesantes ha dicho que: “En el juicio político, la cuestión que se juzga –con criterio político– es, de modo general, el desempeño de las funciones, en cuyo ejercicio puede atentarse al interés público o se puede incurrir en violaciones normativas –sea a la Constitución o a las Leyes- o cometer delitos políticos o incluso comunes.”

Por lo que, en Ecuador, si bien el enjuiciamiento político al EXMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO, Raúl Pérez Torres depende de la determinación y verificación del incumplimiento de las funciones asignadas constitucional y legalmente, el juicio de valor en el que la Asamblea Nacional debe justificar su decisión para imponer la censura política, es puramente político, no solo jurídico, esto es, sobre la base de la sola desconfianza que generan las actuaciones del funcionario público sujeto al juicio y no solo sobre el daño o las consecuencias legales de su comportamiento; actuaciones que obviamente se encontrarán al margen del ordenamiento jurídico nacional, dado el incumplimiento negligente o deliberado de las funciones asignadas constitucional y legalmente, tal como lo dispone el artículo 131 de la Constitución de la República.

Descripción de actos que fundamentan la solicitud

A continuación, se expondrá cada uno de los actos y documentos que motivan la presente solicitud, con un extracto de su contenido:

Oficio Nro. MEF-SP-2017-0223, de 23 de junio de 2017, dirigido al Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, señor Nestor Camilo Restrepo Guzmán y al Coordinador General Administrativo Financiero del Ministerio de Cultura y Patrimonio, señor Marco Vinicio Orellana López, suscrito por Verónica Silvana Chávez Martínez, Subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas:

Expone los artículos 294 y 195 de la Constitución de la República, sobre la obligación de la Función Ejecutiva de elaborar proforma presupuestaria anual, programación presupuestaria cuatrianual y presentarlas a la Asamblea Nacional para su aprobación.
Expone el artículo 100 del Código de Planificación y Finanzas que obliga a cada entidad sujeta al presupuesto general del Estado, a formular la proforma del presupuesto constitucional.
Expone el artículo 167 de la Ley Orgánica de Cultura sobre la distribución de recursos asignados.
Olvida la existencia del Reglamento a la Ley de Cultura publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 8, de 6 de junio de 2017 y solicita, aclarando que es el Ministerio de Cultura y Patrimonio el ente rector del Sistema Nacional de Cultura, se remita la fórmula de distribución de recursos, a fin de que estos parámetros sean considerados en la formulación de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión para los ejercicios fiscales 2017 y 2018.

Oficio Nro. CCE-CCE. N.PCH-2018-0010-O, de 24 de enero de 2018, dirigido al señor exministro de Economía y Finanzas, Carlos Alberto de la Torre Muñoz:

Expone lo prescrito en el artículo 167 de la Ley Orgánica de Cultura sobre la asignación de recursos y las consideraciones que presenta la mencionada norma.
Expone lo prescrito en el Reglamento a Ley Orgánica de Cultura en el artículo 140 sobre el mecanismo de asignación de recursos, cita textualmente la norma que detalla porcentajes para el año 2018 y consulta, con el fin de transparentar los procesos de asignación de recursos otorgados, sobre el método utilizado para dicho fin.

Oficio Nro. MEF-SP-2018-0111, de 16 de febrero de 2018, suscrito por el entonces Subsecretario de Presupuesto, Víctor Rubén Tobar Horna, dirigido al entonces Director Provincial Núcleo Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, en respuesta al Oficio Nro. CCE-CCE. N.PCH-2018-0010-O de 24 de enero de 2018:

Expone lo prescrito en el último inciso del artículo 167 de la Ley Orgánica de Cultura sobre la función que tiene el ente rector de la Cultura y Patrimonio de definir la fórmula de distribución de los recursos.
Menciona al Oficio-Nro. MEF-SP-2017-0223, de 23 de junio de 2017, dirigido al Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, señor Nestor Camilo Restrepo Guzmán y al Coordinador General Administrativo Financiero del Ministerio de Cultura y Patrimonio, señor Marco Vinicio Orellana López en el que se solicitó, olvidando la existencia del Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura emitido el 6 de junio de 2017, se remita la fórmula de distribución de recursos, a fin de que estos parámetros sean considerados en la formulación de los núcleos provinciales de la Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” para los ejercicios fiscales 2017 y 2018.
Concluye que: “(…) por lo expuesto, al no recibir contestación alguna por parte del ente rector del Sistema Nacional de Cultura, sobre los criterios técnicos para la distribución de recursos a los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, la asignación presupuestaria se la realizó en base a las directrices para la elaboración presupuestaria 2018.
Declara que el presupuesto asignado fue coordinado con la Planta Central de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”.
Menciona el Decreto Ejecutivo 135, de 1 de septiembre de 2017, sobre las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público y olvida el Decreto Ejecutivo No. 1428 que emite el Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 8, de 6 de junio de 2017, el cual se menciona varias veces en el Oficio Nro. CCE-CCE. N.PCH-2018-0010-O, de 24 de enero de 2018, al cual está respondiendo.

Acta y Resolución No. 3 de la Sesión Ordinaria de 21 de junio de 2017, de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”.

Omisión de cumplimiento del vigente Decreto Ejecutivo No. 1428 que emite el Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 8, de 6 de junio de 2017.

Acta y Resolución de la Sesión Extraordinaria S/N de 16 de julio de 2019, de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”.

Ratifica, por mayoría de votos, la Resolución No. 3 adoptada en la Sesión Ordinarioa de 21 de junio de 2017.

Fundamentos de Derecho

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 131.- La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.

Para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las dos terceras partes.

La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente.

Art. 141.- (…) La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas.

Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. (…)
13. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración.

Art. 151.- Las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo. Serán responsables política, civil y penalmente por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus funciones, con independencia de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. (…)

Art. 154.- A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde:

1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema.

Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y rendición de cuentas.

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de la política nacional en este campo.

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador.

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva.

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y artística nacional independiente.

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes.

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales.

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva.

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural.

LEY ORGÁNICA DE CULTURA

Art. 25.- De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. – Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura.

La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas.

El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias

Art. 26.- De los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Cultura.- La entidad rectora del Sistema Nacional de Cultura tiene los siguientes deberes y atribuciones: (…)

g) Definir los criterios para la asignación y distribución de los recursos destinados a las entidades del Sistema Nacional de Cultura, conforme a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento;
r) Las demás que se establezcan en la presente Ley y su Reglamento.
La negrita y el subrayado fuera de texto

Art. 167.- De la distribución.- Con el objeto de que los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumplan su finalidad, los recursos asignados anualmente por el ente encargado de las finanzas públicas a favor de éstos, se distribuirán conforme a las siguientes variables:

a) Importancia demográfica de la provincia;

b) Infraestructura;

c) Eficiencia administrativa; y,

d) Calidad de la gestión, la que comprenderá acceso, participación, interculturalidad, fomento, circulación, educación, entre otros.

El ente rector de la Cultura y el Patrimonio establecerá los criterios de evaluación y definirá la fórmula de distribución de los recursos en base a las variables descritas en esta Ley, regida bajo los principios de justicia, equidad y corrección de las asimetrías.

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE CULTURA

Art. 140.- De la asignación y distribución de los recursos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.- Para la asignación y distribución de los recursos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se tomará en cuenta la siguiente reglamentación:

1. Del Ámbito.- El presente Reglamento regula el mecanismo de asignación de recursos para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, con la finalidad de que todos los núcleos provinciales reciban los recursos respectivos bajo los principios de justicia, equidad y corrección de asimetrías.

2. Del mecanismo de asignación.- El mecanismo de asignación de recursos a los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, será de manera equitativa a nivel nacional en función de la aplicación de la fórmula de distribución de recursos establecida en el presente instrumento.

3. De las variables y la ponderación de la fórmula.- Las variables y la ponderación a considerar dentro de la fórmula toman como base las variables señaladas en la Ley Orgánica de Cultura:

a) Asignación básica (30%): Corresponde a la variable de infraestructura e interculturalidad, cuyo criterio es una asignación equitativa a todos los núcleos por igual. Se obtendrá el 30% de la asignación total y ese valor se lo dividirá entre las 24 provincias.

Asignación según la población (30%): Corresponde a la variable de Importancia demográfica de la provincia cuyo criterio es una asignación de acuerdo al número de habitantes de cada provincia. Se obtendrá el 30% de la asignación total, y ese valor se lo dividirá entre el total de la población proyectada para el año fiscal y se lo multiplicará por la población de cada provincia.

b) Asignación por participación en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (15%): Corresponde a la variable de Calidad de la gestión, la que comprenderá, entre otras, acceso, cuyo criterio es promover la inclusión de la mayor cantidad de artistas y gestores culturales por provincia. Se obtendrá el 15% de la asignación total y posteriormente se calculará la relación entre el número de artistas y gestores culturales registrados en cada provincia y el total nacional.

c) Asignación por Autogestión (10%): Corresponde a las variables de eficiencia administrativa e infraestructura, cuyo criterio es incentivar la ejecución de actividades que generen ingresos para la institución y a la mejora y mantenimiento de su infraestructura. Se obtendrá el 10% de la asignación total, y se multiplicará por el valor de los recursos recaudados por cada núcleo provincial en el período fiscal anterior dividido entre el total de los recursos recaudados a nivel nacional en el mismo período.

d) Asignación según tipo de funcionarios (15%): Corresponde a la variable de eficiencia administrativa, cuyo criterio es garantizar que, de acuerdo a la normativa emitida por el ente rector del trabajo, no exista más de un 30% de personal de apoyo en la institución. Se asignará un puntaje del 0 al 5 a cada provincia, de acuerdo a la siguiente tabla:

Porcentaje de personal administrativo (rango)
Puntaje
Hasta el 30%
5
Mayor a 30% hasta el 50%
3
Mayor a 50% hasta el 70%
1
Mayor a 70%
0

Así, el puntaje obtenido por cada núcleo provincial será dividido entre la sumatoria total de los puntajes de cada provincia. Finalmente, este resultado se multiplicará por el 15% de la asignación del año fiscal anterior.

De lo anterior, la asignación para las CCE se calculará mediante la suma de las variables anteriores:

4.- Casos no previstos. En los casos de aplicación de la fórmula de distribución de recursos que no se encuentren previstos en el presente Reglamento, serán resueltos por el ente rector en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de Cultura.

5.- Costos de la Sede Nacional.- Los costos que se generen en la Sede Nacional y de la Junta Plenaria serán asumidos en partes iguales por los 24 núcleos provinciales.

6.- Transición.-

a) Con la finalidad de obtener el valor de la asignación correspondiente al núcleo Pichincha, para el año fiscal 2017 se tomará como referencia de cálculo el valor asignado a la ex matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante el año fiscal del 2016.

b) Con la finalidad de que los núcleos provinciales se ajusten de manera gradual al nuevo mecanismo de asignación de recursos, la fórmula de distribución de recursos será aplicada en un período de 3 años, de acuerdo al siguiente criterio:

1. Para la asignación de recursos del año 2017, los núcleos provinciales recibirán dos tercios de la asignación anual actual (66,7%) más un tercio de la asignación anual (33,3%) conforme el artículo 3 del presente Reglamento;

Art. 141.- De la evaluación de los Núcleos de la CCE.- El Ministerio de Cultura y Patrimonio establecerá los criterios de evaluación de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura, para garantizar el fiel cumplimiento de sus deberes y atribuciones así como el correcto uso de los fondos públicos que dichos núcleos reciban. En caso de que alguno de los Núcleos no utilice los fondos para lo cual le fueron destinados o no cumpla con los objetivos establecidos en la Ley y el Reglamento, el ente rector de la cultura y el patrimonio podrá convocar a junta plenaria en donde se establecerán los correctivos del caso y así garantizar el correcto funcionamiento del núcleo en cuestión.

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO

Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y los servidores públicos:

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;

Acusaciones específicas al EXMISNISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO, Raúl Pérez Torres, por las que se debe iniciar su enjuiciamiento político

Incumplimiento de las funciones determinada en el artículo 26, literales g) y r) de la Ley Orgánica de Cultura

La falta de cumplimiento de la función contenida en el artículo 167 que dispone al ente rector del Sistema Nacional de Cultura: “definirá la fórmula de distribución de los recursos en base a las variables descritas en esta Ley”, provocó que exista incumplimiento no solo de aquellas funciones que regulan un tema específico, sino también, de funciones abstractas que son características básicas de la naturaleza del cargo, tal como lo dispone el número 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, y el propósito que tiene su ejercicio. Teniendo en cuenta además, que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura determina que le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura, y revisado el artículo 26 del mismo cuerpo legal, que prescribe los deberes y atribuciones de la entidad rectora del Sistema Nacional de Cultura, en sus literales g) y r), dispone como funciones de este:

g) Definir los criterios para la asignación y distribución de los recursos destinados a las entidades del Sistema Nacional de Cultura, conforme a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento;

r) Las demás que se establezcan en la presente Ley y su Reglamento.

Por lo tanto, en el caso específico, el exministro no definió los criterios para la asignación, ni para la distribución de los recursos, conforme lo establece el literal g. Hecho que derivó además, en el incumplimiento e inobservancia a las disposiciones del Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 8, de 6 de junio de 2017, tal como lo determina el literal r) de la Ley. Reglamento que en el número 4 de la letra d) de su artículo 140 dispone: “En los casos de aplicación de la fórmula de distribución de recursos que no se encuentren previstos en el presente Reglamento, serán resueltos por el ente rector en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de Cultura.” Es decir, el exministro recae de forma conciente, voluntaria y sistemática en incumplir la Ley Orgánica de Cultura y su Reglamento General.

No existen acciones positivas que puedan identificar que el EXMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO, Raúl Pérez Torres, haya cumplido con las funciones anotadas, de hecho, en su participación en la sesión de 23 de julio de 2019 de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, dejó claro que, aún en conocimiento de la existencia de sus funciones y de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Cultura y su Reglamento respectivo, este hizo caso omiso de sus mandatos y sobreponiéndose a la jerarquía del ordenamiento jurídico, decidió que el referido Reglamento es ilegal e inconstitucional y por tanto inaplicable. No solo eso, sino que afirmó que en conjunto con el Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, señor Nestor Camilo Restrepo Guzmán, y la Junta Plenaria de la citada institución, resolvieron encontrar ilegalidades e inconstitucionalidades, lo cual según él, justifica su falta de acción en pro del cumplimiento de la norma vigente y por ende de sus funciones.

Esta desproporcionada y antijurídica declaración de ilegalidad e inconstitucionalidad esta recogida en el acta y Resolución No. 3 de la Sesión Ordinaria de 21 de junio de 2017, de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”; y, en el acta y Resolución de la Sesión Extraordinaria S/N de 16 de julio de 2019, de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, que ratifica a la Resolución No. 3.

Como podemos observar, la única conclusión que se puede obtener sobre la actuación del EXMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO, Raúl Pérez Torres, es que incumplió con lo dispuesto en el artículo 26 literales g y r, al no realizar ninguna acción para el ejercicio de sus funciones dispuestas en la Ley Orgánica de Cultura y su Reglamento, sobre la distribución y asignación de recursos. Y por tanto, incumple además, con el mandato genérico establecido en el número 1 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público, para todos los servidores públicos. Situación que se sustenta con lo expuesto en el texto del oficio No. MEF-SP-2018-0111, de 16 de febrero de 2018, suscrito por el Subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas dirigido al Director Provincia Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mismo que al tenor literal declara: “El presupuesto asignado fue coordinado con la Planta Central de la Casa de la Cultura Ecuatoriana”. Una vez más, el exministro reniega de sus funciones como autoridad rectora del Sistema Nacional de Cultura, y en especifíco, de su atribución de definir los criterios para la asignación y distribución de los recursos destinados a las entidades del Sistema Nacional de Cultura, conforme a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.

Incumplimiento de la función determinada en el artículo 167 de la Ley Orgánica de Cultura

De lo descrito en los oficios MEF-SP-2017-0223, de 23 de junio de 2017, CCE-CCE. N.PCH-2018-0010-O, de 24 de enero de 2018 y MEF-SP-2018-0111, de 16 de febrero de 2018, se puede verificar que la autoridad encargada del ente rector de la Cultura y el Patrimonio, el señor Raúl Pérez Torres, no realizó ninguna acción positiva para cumplir con lo prescrito en el inciso final del artículo 167 de la Ley Orgánica de Cultura que manda:

“El ente rector de la Cultura y el Patrimonio establecerá los criterios de evaluación y definirá la fórmula de distribución de los recursos en base a las variables descritas en esta Ley, regida bajo los principios de justicia, equidad y corrección de las asimetrías.”

Su falta de acción sobre el tema, dejó la puerta abierta para que se produzca un abuso del ordenamiento jurídico ecuatoriano, ya que un cumplimiento efectivo de su función requeriría que este tome la rienda de la definición de la fórmula de distribución de los recursos y aplique lo dispuesto en el articulo 140 del Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura.Tal como expresamente lo disponen las letras g) y r) del artículo 26 de la Ley Orgánica de Cultura.

Esta omisión o inacción supone negligencia y la prevalencia de intereses minoritarios., ya que, esta simple falta de cumplimiento de su deber ha provocado que exista una distribución de recursos coordinada con la Planta Central de la Casa de la Cultura, la misma que no es el órgano legalmente determinado para hacerlo, como se expone en el oficio MEF-SP-2018-0111, de 16 de febrero de 2018; y, además, ha provocao que los recursos asignados no cumplan con la política de Estado emitida en el Decreto Ejecutivo No. 1428 que contiene el Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 8, de 6 de junio de 2017.

Incumplimiento de la función contenida en el articulo 380, numeral 8 de la Constitución de la Republica del Ecuador

Los hechos que se han presentado se los ha dispuesto, primero, debido a lo prescrito en la Ley Orgánica de Cultura, para demostrar, que ha existido, por parte del EXMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO, Raúl Pérez Torres, falta de cumplimiento de las funciones directas prescritas en el cuerpo normativo que regula de manera especial y específica las facultades y atribuciones del ente rector de la Cultura y el Patrimonio. Más, esta falta de actuación también configura un incumplimiento a la normativa constitucional que no puede dejar de ser tomado en cuenta por la gravedad que esto supone.

La norma constitucional en su artículo 378 prescribe que “El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema.

Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y rendición de cuentas.

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de la política nacional en este campo.”

Esta norma constitucional va de la mano con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, ya que, en el párrafo final del artículo 378 de la Constitución determina que: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente”, se concluye, por el análisis conjunto de las normas expuestas que, el órgano competente es el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

En este sentido la Constitución en el artículo 380 ha dispuesto responsabilidades del Estado, sobre el cumplimiento efectivo de las funciones que le corresponden a este y que las ejerce a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio; es así como el numeral 8 del mencionado articulo de nuestra Carta Magna, dispone que este debe “Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural.”, lo cuál como podemos observar, por los hechos presentados NO SE HA CUMPLIDO, ya que la política cultural vigente emitida mediante el Decreto Ejecutivo No. 1428 que contiene el Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 8, de 6 de junio de 2017, no fue ejecutada, de hecho, fue expresamente omitida.
Solicitud resultante del enjuiciamiento político:

No existe más conclusión, que una clara falta de cumplimiento de las funciones y responsabilidades determinadas en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de Cultura, Ley Orgànica de Servicio Público y una descarada omisión de la existencia del Decreto Ejecutivo No. 1428 que contiene el Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 8, de 6 de junio de 2017.

Todo esto acompañado a una, sinvergüenza, comparecencia a la sesión de 23 de julio de 2019 de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología en la misma que se afirmó que el referido Reglamento no se había cumplido por considerarlo y declararlo ilegal e inconstitucional en la Resolución No. 3, de la Sesión Ordinaria de 21 de junio de 2017 de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”. Hecho insólito, que además, fue ratificado en la Resolción adoptada en Sesión Extraoridnaria S/N de 16 de julio de 2019.

La detallada responsabilidad se ha construido de conformidad con lo establecido en los artículos 131, 378 y 380 de la Constitución de la República, artículos 25, 26 y 167 de la Ley Orgánica de Cultura. Cabe advertir la necesidad de que el expediente de este juicio político pase a conocimiento de la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado ya que de los motivos del enjuiciamiento político podrían derivar en posibles indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal. Esto tomando en cuenta que existen reclamos territoriales sobre la buena administración y mal uso de los recursos que debían asignarse si se hubiera cumplido a cabalidad con la normativa vigente.

En virtud de todo lo anotado y de conformidad con el procedimiento señalado en los artículos 78 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitamos se proceda con la censura y demás efectos administrativos consecuentes de esta, del señor Raúl Pérez Torres como EXMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO.

Trámite:

El procedimiento que corresponde es el contenido en los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 131 de la Constitución de la República de Ecuador.

Anuncio de la Prueba

Se anuncia como prueba, que motiva lo antes afirmado, todos los documentos que se anotan a continuación, de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa:

Oficio-Nro. MEF-SP-2017-0223, de 23 de junio de 2017, dirigido al Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, señor Nestor Camilo Restrepo Guzmán y al Coordinador General Administrativo Financiero del Ministerio de Cultura y Patrimonio, señor Marco Vinicio Orellana López, suscrito por Verónica Silvana Chávez Martínez, Subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.
Oficio Nro. CCE-CCE. N.PCH-2018-0010-O, de 24 de enero de 2018, dirigida al señor ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos Alberto de la Torre Muñoz.
Oficio Nro. MEF-SP-2018-0111, de 16 de febrero de 2018, suscrito por el entonces Subsecretario de Presupuesto, Víctor Rubén Tobar Horna, dirigido al entonces Director Provincial Núcleo Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, en respuesta al Oficio Nro. CCE-CCE. N.PCH-2018-0010-O, de 24 de enero de 2018.

Acta de la Sesión Ordinaria de 21 de junio de 2017 de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” (Requerir al Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” señor Nestor Camilo Restrepo Guzmán)

Resolución No. 3 de la Sesión Ordinaria de 21 de junio de 2017 de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” (Requerir al Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” señor Nestor Camilo Restrepo Guzmán)

Acta de la Sesión Extraordinaria de 16 de julio de 2019 de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” (Requerir al Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” señor Nestor Camilo Restrepo Guzmán)

Resolución de la Sesión Extraordinaria de 16 de julio de 2019 de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” (Requerir al Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” señor Nestor Camilo Restrepo Guzmán)

Audio de la Sesión de 23 de julio de 2019 de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, en donde se afirma la existencia del acta y resolución de la Sesión Ordinaria No. 3 del 21 de junio de 2017 de la Presidencia de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” (Requerir a Raysa Vargas Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología)

Así, mismo de conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se solicita a la Comisión de Fiscalización y Control Político, que se requiera a las correspondientes instituciones se exhiban los originales de los documentos detallados y se remitan copias certificadas de los mismos

Firmo la presente solicitud el día de hoy, 7 de agosto de 2019,

Ab. Lira de la Paz Villalva Miranda
Asambleísta por la Provincia de Tungurahua

Ing. Juan Cristóbal Lloret Valdivieso
Asambleísta por la Provincia de Azuay

Las y los asambleístas abajo firmantes, solicitamos y respaldamos el enjuiciamiento político en contra del señor Raúl Pérez Torres como EXMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO, por el incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo, planteado por la Asambleísta Lira Villalva.

DECLARAMOS: Que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares.

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