¿Es la economía naranja la respuesta?

¿Es la economía naranja la respuesta?

El nuevo ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, anunció un plan que trae consigo una declaración política: por primera vez, parecería que Ecuador mira a la cultura, a sus actores y a sus productos como un asunto que también le compete a su aparato estatal. De hecho, el anuncio advierte la posibilidad de implementar una política cultural vinculada con la estructura del Estado mediante la llamada economía naranja. ¿Será este anuncio algo más que tan solo eso? ¿Qué hay detrás? Gabriela Montalvo lo analiza.

Por Gabriela Montalvo / @mgmontalvo

El pasado 29 de julio, el presidente Lenín Moreno expidió el Decreto 829, con el que se establece el listado de servicios artísticos y culturales gravados con tarifa cero% de Impuesto al Valor Agregado. Como comunicó el Ministerio de Cultura, esta medida es parte de un programa más amplio. Días más tarde, el 7 de agosto –justamente mientras artistas y gestores marchaban enarbolando el grito “La cultura en emergencia“–, el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, presentó el denominado Plan Integral de Fomento a la Cultura–Ecuador Creativo, con el fin –según dijo– de fomentar y promover la economía naranja en nuestro país.

La presentación de este Plan, empezando por el acto mismo de lanzamiento, es una de las acciones simbólicas más fuertes de esta nueva administración cultural. La presencia del Presidente durante el evento de lanzamiento, más que demostrar el interés del Primer Mandatario en el denominado sector cultural, muestra más bien un respaldo político al nuevo ministro, pues en su discurso fue evidente la desconexión con los debates y las demandas actuales en este campo. En todo caso, ver que el Ministro de Cultura es apoyado por la máxima autoridad no deja de ser un hecho alentador.

No hemos podido conocer aún el Plan de Incentivos, pues a pesar de haberse hecho ya dos lanzamientos (uno el 7 de agosto en Quito y otro el 16 de agosto en Guayaquil), hasta el cierre de este texto no se ha publicado el documento oficial en el que consten los objetivos y las medidas de esta política. Sin embargo, la página web del Ministerio indica que este tiene cinco puntos importantes. El primero de ellos es el establecimiento de la tarifa 0% de IVA para 10 servicios artísticos y culturales; el segundo tiene que ver con la línea de créditos Impulso Cultura, específicos para actividades del ámbito cultural; en tercer lugar, constan como complementarias al Plan las asignaciones no reembolsables, conocidas como Fondos Concursables; como cuarto punto se menciona un incentivo arancelario para la importación de bienes para uso artístico y cultural; en quinto lugar, se prevé el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley Orgánica de Cultura, para que los gobiernos locales destinen al menos el 50% de lo invertido en la contratación de artistas y agrupaciones internacionales, para sus artistas ecuatorianos en los espectáculos y eventos culturales organizados por ellos.

El solo anuncio de contar con este instrumento de política pública envía un claro mensaje: por fin se ha tomado en serio el hecho de que el ámbito cultural tiene una dimensión económica; además, una dimensión nada despreciable.

Como ya hemos señalado en artículos anteriores, los últimos datos disponibles de la Cuenta Satélite de Cultura, que en definitiva indica el porcentaje con el que el “sector cultural” aporta al PIB, hablan de un 1,9%.  Esto es más de mil millones de dólares.

Este Plan, además, según lo ha reconocido el mismo ministro Velasco, es el resultado de varios años de trabajo previo de los equipos técnicos del Ministerio de Cultura. Velasco ha sido el primero en tomar realmente en serio esa propuesta y la ha llevado hasta la mesa presidencial, y las medidas señaladas hablan de una consideración macroeconómica del quehacer cultural. Es la primera vez que el Estado ecuatoriano responde –al menos así lo hace con estos anuncios– de manera estructural a las demandas de artistas, gestores y productores culturales por tener mejores condiciones para ejecutar sus actividades.

Y como toda acción de política, esta también está enmarcada en un enfoque conceptual. En este caso, el de la economía naranja, denominación con la que se conoce a la propuesta de Felipe Buitrago e Iván Duque para promover las industrias culturales y creativas, impulsada, publicada y promocionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Si bien este enfoque reconoce la necesidad y la pertinencia de una activa participación estatal en el desarrollo de las industrias culturales, y también reconoce el denominado “valor cultural” (todo aquello no-económico) de esta producción, es un enfoque orientado a la innovación y al emprendimiento, dos términos muy criticados por los Estudios Culturales contemporáneos, principalmente debido a su relación con la creciente informalidad y precarización del trabajo.

Desde mi perspectiva, la economía naranja tiene dos grandes aciertos: en primer lugar, visibilizar a escala mundial el tamaño, en dólares, de la producción cultural y creativa.  En segundo lugar, pero en el mismo sentido, deja en claro que “la cultura no es gratis” y que, por más que un espectáculo, una muestra o cualquier otra expresión artística o cultural sean de acceso gratuito, producirla tiene un costo y alguien debe pagar por ello, aunque esto no implique una transacción monetaria.

A estos dos aportes le siguen una serie de vacíos en los niveles meso y micro, justamente porque es una propuesta de corte macroeconómico. Y también una vastedad de críticas ante su orientación liberal y de mercado capitalista, que en algunos casos mira a la cultura como subsidiaria de otros sectores y actividades económicas, principalmente del turismo.

Personalmente, creo que generar condiciones macroeconómicas estructurales favorables a la inversión, a la producción y al consumo, es una buena noticia. En el corto y mediano plazo, artistas, gestores y productores empezarán a sentir los efectos de estas medidas en una reducción de sus costos de producción (que se comportan de forma distinta a los de otros sectores económicos, por lo que muchas veces son subvencionados con ingresos de otras actividades de los propios gestores), incentivando este campo en todos los niveles económicos.

Pensar en un programa que considere a los fondos concursables como complementarios en una política seria de fomento, es un logro para todos. Los artistas no aspiran a obtener fondos del Estado, sino condiciones dignas para trabajar. Por ello, es importante que las políticas del Ministerio consideren también aspectos del nivel mesoeconómico, es decir, de cada sector artístico o creativo, (porque el cine no se comporta como el teatro, ni las artes plásticas como los espectáculos musicales), y microeconómico, teniendo en cuenta la diversidad de productores culturales del país.

Con respecto a la línea de crédito prevista, soy más temerosa. Varios estudios en otros países muestran lo delicado e incluso contraproducente que puede resultar generar este tipo de incentivos para emprendimientos culturales o ecosistemas creativos que surgen del entusiasmo, personal e institucional, y que terminan en una lenta agonía o de una vez caen estrepitosamente ante la desconexión con la demanda.

Es en ese espacio que según la economía tradicional conecta la oferta con la demanda, el de la circulación, donde se han encontrado las mayores deficiencias de las diversas cadenas productivas culturales. Y es en la circulación donde menos acciones de fomento ha habido tradicionalmente, no solo en Ecuador.

Ahora que se ha considerado a lo cultural como actividad económica importante, continuar los esfuerzos en ese aspecto y en las especificidades y particularidades de la producción pequeña e independiente se vuelve indispensable.

De acuerdo con lo señalado por el Ministro Velasco durante el lanzamiento del Plan, y según consta en el Plan de Desarrollo 2017-2021, la intención es alcanzar el 3% del PIB hasta el final de ese período de planificación, tarea bastante desafiante. Con respecto a este objetivo surgen algunas inquietudes:

La primera y más evidente, con respecto a la información económica que sustenta estas cifras. Es preciso que el Banco Central se involucre directamente en la construcción de la Cuenta Satélite de Cultura, validando todos los indicadores que surgen de este trabajo que constituye un proceso inacabable, que se sigue alimentando y afinando periodo tras periodo, y no es un simple cálculo como muchos piensan. Herramientas econométricas como esta permiten conocer datos sobre consumo, inversión, gasto público, comercio exterior, producción, empleo y generación de valor agregado.

Es necesario mejorar y afinar la metodología de medición actual, en la que, por las mismas características especiales de lo cultural, todavía pueden quedar varios errores de inclusión y de exclusión en el cálculo.

La segunda es ¿cómo se pretende lograr ese crecimiento? Está claro que hay unos incentivos para la producción y el consumo que deberían responder en términos macro. Sin embargo, también se requiere conocer si hay una estrategia para saber quién y de qué manera se beneficiará de todo ese aumento de valor agregado, de la generación de esa ganancia, porque el de las industrias culturales es uno de los ámbitos más desiguales en la distribución de sus réditos, con clara tendencia a la acumulación monopólica.

En un país en el que vale la pena preguntarse si en realidad tenemos industrias culturales, o si más bien nos movemos entre otro tipo y tamaño de producción artística y cultural, es evidente que los incentivos tributarios y las líneas de crédito para micro y pequeñas empresas deberían ser solo los primeros pasos de un plan más grande, sobre todo si se pretende un crecimiento de esa magnitud.

Bueno, artistas, gestores, productores, Ministro y demás actores del campo cultural, ¡bienvenidos a las discusiones de política económica!

 

 

En el contexto latinoamericano, la discusión sobre la “Economía naranja” se planteó en gran medida desde Colombia y el propio actual presidente colombian, Iván Duque, fue uno de los técnicos del BID que desarrollló el concepto.

Por eso, nos parece importante inlcuir en este blog este artículo de El Espectador, de Bogotá.

Por: Juan David Zuloaga D.

El primer año de la economía naranja

Deja cierto sinsabor el informe del primer año de gestión de la señora ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez Camacho, publicado en este diario el domingo 11 de agosto. El artículo, titulado “Economía naranja, año de arranque”, se centra en los logros obtenidos por esta industria.

Y deja cierto sinsabor porque el escrito de la ministra ni aclara qué significa economía naranja ni ofrece un análisis más o menos profundo del desarrollo de la industria. Se limita el informe a dar ciertas cifras que, en opinión de la ministra, son sinónimo de los logros del Ministerio, y del dinamismo y de la importancia del sector. Hubiera sido deseable, sin embargo, que se le brindara al lector una definición de una noción que lleva un año en boca del Gobierno y que sigue siendo etérea, inaprehensible, difusa.

Hay una alusión a la ley que justifica y ampara las industrias naranjas. Nos dice la ministra: “Debemos entender que se trata de la implementación de la Ley 1834 de 2017, que tiene correspondencia directa con el programa de gobierno del presidente, Iván Duque”. Y más adelante, para señalar la relevancia del proyecto, sostiene que han dispuesto los mecanismos para el desarrollo efectivo de dicha ley, entre ellos “un Consejo de Economía Naranja donde se sientan siete ministros y cinco directores de agencias nacionales a concretar acciones para el impulso del sector. Además, la creación del Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja, que ha permitido dinamizar la gestión”.

Acto seguido comparte una serie de cifras que parecen muy elocuentes: que se hizo una inversión directa de $819.000 millones, que la economía naranja ocupó a 282.566 personas, que en el año 2018 el sector aportó $15, 6 billones al valor agregado de la economía nacional. Muy impresionante; o eso parece, pues para saber si la decisión del Gobierno y la aseveración de la ministra Vásquez, según la cual entiende “la economía naranja como una de las mayores oportunidades para el desarrollo social y económico del país”, son ciertas, deberían compararse con los índices de gestión y los logros obtenidos en los años anteriores en cultura, cuando no teníamos un Viceministerio de Economía Naranja, ni siete ministros ni cinco directores de agencias nacionales sentados con el fin de concretar acciones para el impulso del sector. Permitiría esa comparación saber qué tan decisiva ha sido la labor de todo este equipo de trabajo y su voluntad por aunar esfuerzos.

Pero queda también el sinsabor de sentir que la labor del Ministerio de Cultura se ha limitado a fomentar la llamada industria naranja, sin que apenas quede espacio para una transformación del país a través de la cultura. Porque la cultura no sólo es (o no sólo debería ser) industria y cifras y directores de agencias nacionales, sino que también es (o debería ser) una cosmovisión del mundo, una construcción de identidad, un ensanchar las posibilidades vitales y de expresión y de imaginación de todos los individuos y de todo un pueblo, y debería ser también la gestación, día a día, de un mundo más humano, más compasivo y más bello; sea naranja o no lo sea.

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